Control del Gasto Público

El control del gasto público es la actividad que tiene por objeto verificar que la actuación de la Administración se acomoda al principio de buena gestión financiera.

Clasificación del Control

Existen diversas formas de clasificar el control según distintos criterios:

• En virtud de su objeto:
  1. Ingresos.
  2. Gastos.
• En virtud del órgano y su dependencia:
  1. Externo: Tribunal de Cuentas (carácter técnico o financiero) y Parlamento (carácter político).
  2. Interno: Inspección General e IGAE (Intervención General de la Administración del Estado).
• En virtud del momento en que se realiza:
  1. Previo.
  2. Concomitante.
  3. Posterior.

Control de la Gestión Económico-Financiera

El Tribunal de Cuentas ejerce el control externo del sector público estatal, mientras que la IGAE se encarga del control interno de la gestión económica y financiera del sector público estatal.

Control Interno de Intervención Pública

Este control es llevado a cabo por órganos de la propia Administración sobre los actos que ella misma realiza. Se lleva a cabo antes, durante y después de realizar el acto de contenido económico. Es un control técnico, similar al del Tribunal de Cuentas y frente al control político del Parlamento; sin embargo, el Tribunal de Cuentas es externo y se ejerce una vez que se ha realizado la actuación sujeta a control.

Modalidades de Control Interno: Función Interventora

La función interventora tiene por objeto controlar los actos del sector público estatal que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.

Ámbito de Aplicación

Se aplica a la Administración General del Estado, Organismos Autónomos y Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. El control será efectuado por:

• IGAE.
• Interventores Delegados en Ministerios y Organismos Autónomos.
• Interventores Regionales y Territoriales.
• Interventor General de la Defensa y sus Interventores Delegados.
• Interventor General de la Seguridad Social y sus Interventores Delegados y Territoriales.

Tipos de Intervención

1. Intervención formal: Verificación del cumplimiento de los requisitos legales necesarios para la adopción del acuerdo mediante el examen documental del expediente. Incluye la aprobación del gasto, compromiso, reconocimiento de obligación y ordenación del pago.
2. Intervención material: Comprobación real y efectiva de la aplicación de los fondos públicos. Incluye la comprobación material de la inversión e intervención material del pago.

No sujeción a fiscalización previa

No estarán sometidos a fiscalización previa:

1. Contratos menores.
2. Gastos periódicos y demás de tracto sucesivo.
3. Gastos inferiores a 5.000 € pagados por el procedimiento de anticipo de caja fija.
4. Gastos derivados de procesos electorales.
5. Subvenciones nominativas.
6. Gastos inferiores a 5.000 € realizados por pagos a justificar en el extranjero.

Fases del Procedimiento de Ejecución del Gasto Público

La gestión del Presupuesto de gastos del Estado, de sus organismos autónomos y de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se realizará a través de estas fases: Aprobación del gasto, Compromiso del gasto, Reconocimiento de la obligación, Ordenación del pago y Pago material.

• Fase 1: Fiscalización previa de requisitos básicos: Se limita a comprobar el crédito adecuado y suficiente, la competencia del órgano, la coincidencia con gastos aprobados favorablemente, las autorizaciones correspondientes y otros aspectos de especial trascendencia.
• Fase 2: Intervención del reconocimiento de la obligación y comprobación de la inversión: Se verifica que la deuda se ajuste a la ley y que el acreedor haya cumplido bajo el principio de “servicio hecho”. Es el acto formal que declara un crédito exigible y marca el consumo del crédito presupuestario.
• Fase 3: Intervención formal y material del pago: Verifica la correcta expedición de las órdenes de pago contra el Tesoro Público y que el pago se disponga por el órgano competente a favor del perceptor real.

Procedimiento de la Función Interventora

Si la intervención no está de acuerdo, formula un reparo por escrito citando las leyes incumplidas.

1. Causas de reparo: Insuficiencia o inadecuación de crédito, órgano incompetente, graves irregularidades documentales, comprobaciones materiales negativas u omisión de requisitos esenciales. Si los requisitos incumplidos no son esenciales, se emite un informe favorable condicionado a su subsanación.
2. Efecto: La formulación del reparo suspende la tramitación del expediente. Si el órgano gestor no lo acepta, plantea una discrepancia motivada ante la IGAE.

Control Financiero Permanente

Tiene por objeto la verificación de forma continua de que la situación y el funcionamiento económico-financiero del sector público estatal se ajusta a las leyes y a la buena gestión, con especial foco en la estabilidad presupuestaria y el equilibrio financiero.

• Objeto: Verificar normas no cubiertas por la función interventora, seguimiento de objetivos de programas y balances de resultados, control de planificación de tesorería y análisis de operaciones para proponer mejoras racionales. Las actuaciones se plasman en informes específicos.

Auditoría Pública

Consiste en la verificación realizada con posterioridad y de forma sistemática de la actividad económico-financiera del sector público estatal, mediante revisiones selectivas dictadas por la IGAE.

• Finalidad: Proporcionar información a los gestores y autoridades públicas sobre el cumplimiento de la legalidad en la gestión económica auditada, la adecuación a los principios de buena gestión financiera y la fiabilidad de la información contable de las entidades auditadas, con el objeto de que adopten las medidas correctoras o sancionadoras que procedan.
• Modalidades:
  • Regularidad contable: Adecuación a la normativa contable y presupuestaria.
  • Cumplimiento: Verificación de que los actos siguen las leyes vigentes.
  • Operativa: Examen del cumplimiento de los principios de economía, eficacia y eficiencia.

Control Administrativo Interno de Gastos Reservados

Los gastos reservados cuentan con un control interno específico que respeta su peculiaridad para asegurar su correcto uso exclusivo y salvaguardar el secreto y la seguridad.

Control Externo del Tribunal de Cuentas

Es un órgano independiente, sometido únicamente al ordenamiento jurídico, y depende orgánicamente de las Cortes Generales. Sus competencias se extienden a todo el sector público estatal, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y entes privados que reciban dinero público. Posee dos funciones principales:

1. Función fiscalizadora: Control externo, permanente y consultivo. Es más amplio que el interno, pues además de la legalidad, evalúa la oportunidad, eficiencia y economía de la gestión. Examina la Cuenta General del Estado por delegación de las Cortes. Si se detectan irregularidades, se derivan a la vía contable o penal.
2. Función Jurisdiccional (Judicial): Juzga a quienes tengan a su cargo el manejo de caudales públicos y generen un perjuicio económico.
   • Responsabilidad Directa: Propia de quienes ejecutan, cooperan u ocultan los hechos.
   • Responsabilidad Subsidiaria: Por negligencia o demora en el cumplimiento de obligaciones que generen un menoscabo de fondos públicos.
3. Efectos: Determinación de indemnizaciones por daños y perjuicios, y sanciones. Sus fallos pueden recurrirse en casación ante el Tribunal Supremo.

Control Externo por las Cortes Generales

Las Cortes realizan el seguimiento y control parlamentario a través de:

• Medios ordinarios: Mociones, interpelaciones, comisiones de investigación y debates en la Comisión de Presupuestos.
• Control de gastos reservados: Regulación específica mediante una comisión parlamentaria del Congreso que recibe informes cada 6 meses.
• Cuenta General del Estado: Es el máximo ejemplo de control posterior del Parlamento sobre la ejecución presupuestaria. Pone de manifiesto la situación patrimonial, los resultados y la liquidación de los PGE (Presupuestos Generales del Estado). Incluye documentos del sector público administrativo, empresarial y fundacional.

Control de Cumplimiento de Objetivos de Estabilidad Presupuestaria

La estabilidad presupuestaria es un mandato constitucional aplicable a todos los poderes públicos. Existe la obligación legal de ajustar el gasto para garantizar el cumplimiento de los objetivos al cierre del ejercicio.

• Advertencia del riesgo: Si hay peligro de incumplimiento, el Gobierno emitirá una advertencia motivada a la Comunidad Autónoma o Entidad Local responsable, que tendrá un mes para adoptar correcciones.
• Plan Económico-Financiero: Si se constata formalmente el incumplimiento, la administración responsable estará obligada a formular un plan para corregir la situación en el plazo de un año.
• Régimen Sancionador: Las infracciones derivadas de este incumplimiento están penalizadas bajo el régimen de la Ley 19/2013 de Transparencia (Artículos 29 y 30).