Definición y Características de los Actos Administrativos

Los actos administrativos son declaraciones unilaterales de voluntad, conocimiento, juicio o deseo realizadas por la Administración. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas regula todos los aspectos de los actos administrativos y del procedimiento administrativo.

Características principales:

• Solo son actos administrativos aquellos que dicta la Administración con sujeción al Derecho administrativo.
• Se dictan en virtud de una potestad administrativa, distinta de la reglamentaria (los reglamentos no son actos administrativos).
• Se producen por el órgano competente y se ajustan al procedimiento establecido.
• No pueden vulnerar la Constitución o las leyes.
• Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente.
• El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquellos.
• Las resoluciones y actos administrativos de carácter particular no pueden vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general.

Legalidad de los actos administrativos

Los actos administrativos no podrán vulnerar la Constitución o las leyes, ni regular aquellas materias que la Constitución o los estatutos de autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas.

Clases de Actos Administrativos

Exteriorización de la voluntad de la Administración:

• Actos expresos: existe una declaración de la Administración (ej: una resolución).
• Actos presuntos: la Administración no exterioriza su voluntad y hay que presumir cuál es (ej: la Administración no responde una vez transcurrido el plazo).

Efectos sobre los administrados:

• Actos favorables: otorgan un derecho o liberan de una limitación a los particulares (ej: concesión de la licencia).
• Actos de gravamen: imponen una obligación o privan de algún derecho a los particulares (ej: sanción).

Naturaleza del órgano emisor:

• Actos procedentes de un órgano colegiado: se emiten por un órgano compuesto por varias personas (ej: pleno del ayuntamiento).
• Actos procedentes de un órgano unipersonal: se emiten por un órgano individual (ej: alcalde).

Destinatario:

• Actos singulares: se dirigen a un destinatario concreto.
• Actos generales: se dirigen a una pluralidad de sujetos.

Consecuencias:

• Actos resolutivos: deciden sobre el fondo del asunto y ponen fin al procedimiento.
• Actos de trámite: integran el procedimiento y son necesarios para que se dicte una resolución.

Posibilidad de recurso en vía administrativa:

• Actos que agotan la vía administrativa: no pueden ser recurridos ante la Administración, por lo que únicamente pueden ser revisados por la jurisdicción contencioso-administrativa.
• Actos que no agotan la vía administrativa: son los que pueden ser recurridos ante la propia Administración.

Libertad del órgano:

• Actos reglados: su contenido está predeterminado por la legislación.
• Actos discrecionales: el órgano administrativo competente tiene libertad para dictar el acto y determinar su contenido.

Elementos del Acto Administrativo

Los elementos del acto administrativo se clasifican en subjetivos, objetivos y formales.

Elementos subjetivos

Hacen referencia al sujeto que puede dictar el acto administrativo, que debe ser siempre un órgano de la Administración al que una norma jurídica haya atribuido competencia. La competencia es el conjunto de poderes de actuación atribuidos a un órgano administrativo según la materia, el territorio y la posición jerárquica.

Elementos objetivos

Se refieren al contenido del acto y a la necesidad de motivación. El contenido del acto administrativo consiste en una declaración de voluntad, conocimiento, juicio o deseo manifestada por la Administración. Dicho contenido debe ser lícito, posible, determinado y adecuado a los fines perseguidos, sin contradecir el ordenamiento jurídico.

Además, determinados actos administrativos deben estar motivados, es decir, deben incluir una argumentación racional y suficiente con referencia a los hechos y fundamentos jurídicos. Las resoluciones administrativas deben indicar la decisión adoptada, los recursos posibles, el órgano competente y si el acto agota o no la vía administrativa. Entre los actos que deben motivarse destacan los que limiten derechos o intereses legítimos, los que resuelvan recursos administrativos, los que se aparten de criterios anteriores, los acuerdos de suspensión, los de urgencia o ampliación de plazos y los dictados en el ejercicio de potestades discrecionales.

Elementos formales

Se refieren a la forma en que los actos administrativos se producen y se exteriorizan. Los actos administrativos deben dictarse siguiendo el procedimiento administrativo establecido y, con carácter general, se expresarán por escrito y mediante medios electrónicos, salvo que su naturaleza requiera otra forma de expresión, como la verbal o gráfica.

Eficacia y Validez del Acto Administrativo

Los actos administrativos se presumen válidos y producen efectos desde la fecha en que se dictan, salvo que en ellos se establezca otra cosa. Sin embargo, su eficacia puede quedar demorada cuando así lo exija el contenido del propio acto o cuando dependa de su notificación, publicación o aprobación superior. Además, en determinados casos excepcionales, los actos administrativos pueden tener eficacia retroactiva, por ejemplo, cuando un acto sustituye a otro que había sido anulado.

La Notificación y la Publicación

La notificación y la publicación son elementos jurídicamente relevantes, ya que constituyen una condición necesaria para que el acto administrativo produzca efectos.

La Notificación

Deben notificarse a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses en el plazo de diez días desde la fecha en que el acto haya sido dictado. La notificación deberá contener el texto íntegro de la resolución, indicando si pone fin o no a la vía administrativa. Asimismo, deberá señalar los recursos que procedan contra el acto, el órgano ante el que deben presentarse y el plazo establecido para interponerlos.

La Publicación

La publicación sustituirá a la notificación y producirá los mismos efectos en determinados casos. Esto ocurre cuando el acto administrativo tiene como destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o cuando se trata de actos integrados en procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, como por ejemplo unas oposiciones. En estos casos, la convocatoria deberá indicar el medio en el que se realizarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez aquellas que se efectúen en lugares distintos. La publicación del acto administrativo deberá contener los mismos elementos exigidos para las notificaciones, como el texto íntegro de la resolución, la indicación de si pone fin o no a la vía administrativa y los recursos que procedan. Además, deberá realizarse en el diario oficial correspondiente según la Administración de la que proceda el acto.

Sujetos Obligados a Relacionarse Electrónicamente con la Administración

Están obligados a relacionarse con las Administraciones públicas por medios electrónicos para realizar cualquier trámite administrativo, al menos, los siguientes sujetos:

• Las personas jurídicas.
• Las entidades sin personalidad jurídica.
• Los profesionales cuya actividad requiera colegiación obligatoria, en los trámites relacionados con dicha actividad, incluidos notarios y registradores.
• Quienes representen a una persona obligada a relacionarse electrónicamente con la Administración.
• Los empleados públicos, en los trámites y actuaciones que realicen por razón de su condición de empleados públicos.

La Nulidad de los Actos Administrativos

La nulidad es un vicio de tal magnitud que implica que el acto al que afecta carece de efectos jurídicos válidos. Aunque se corrija el defecto, el acto no puede subsanarse.

Actos nulos de pleno derecho:

• Los que lesionen los derechos y libertades reconocidos en la Constitución.
• Los dictados por un órgano manifiestamente incompetente.
• Los que tengan un contenido imposible.
• Los que constituyan infracción penal o se dicten como consecuencia de ella.
• Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.
• Los actos contrarios al ordenamiento jurídico.
• Cualquier otro supuesto que la ley establezca expresamente como causa de nulidad.