1. Clases de actos administrativos

Entre las clases de actos administrativos pueden destacarse las siguientes:

• Actos decisorios y no decisorios (según su contenido).
• Actos resolutorios y actos de trámite.
• Actos favorables y actos de gravamen.
• Actos que agotan la vía administrativa y que no la agotan.
• Actos expresos y actos presuntos.

2. Diferencia entre acto resolutorio y acto de trámite

Acto resolutorio: Resuelve el procedimiento administrativo. Es recurrible y constituye la decisión final de la Administración.

Acto de trámite: Se dicta durante la tramitación del procedimiento. Sirve para preparar o integrar la resolución final. Como regla general no es recurrible, salvo que se trate de un acto de trámite cualificado.

3. Ejecutividad y ejecutoriedad

Ejecutividad (art. 38 LPACAP)

Los actos administrativos son ejecutivos desde que se dictan. Generan la obligación de cumplimiento inmediato, salvo en los siguientes supuestos:

• Casos de eficacia demorada.
• Necesidad de notificación, publicación o aprobación superior.

Ejecutoriedad (art. 98.1 LPACAP)

Los actos administrativos pueden ser ejecutados forzosamente por la Administración si no se cumplen voluntariamente. Excepciones a la ejecutoriedad:

• Suspensión de la ejecución.
• Resoluciones sancionadoras recurribles.
• Cuando una norma lo establezca expresamente.
• Cuando requieran aprobación o autorización superior.

4. Ejecución forzosa

Los actos administrativos constituyen título de ejecución forzosa cuando concurren los requisitos procedentes. A continuación se recogen los elementos esenciales.

Requisitos

• El acto debe imponer una obligación.
• Incumplimiento voluntario por el interesado.
• Apercibimiento previo, salvo excepciones legalmente previstas.
• Elección del medio menos restrictivo y respeto al principio de proporcionalidad.

Medios de ejecución forzosa

• Apremio sobre el patrimonio: cobro de cantidades líquidas.
• Ejecución subsidiaria: la Administración ejecuta a costa del obligado.
• Multas coercitivas: sanciones reiteradas para forzar el cumplimiento.
• Compulsión sobre las personas: uso de la fuerza, sólo cuando una ley lo autorice.

Silencio administrativo en procedimientos a solicitud del interesado

Regla general (art. 24.1 LPACAP): silencio positivo. Si la Administración no notifica resolución expresa en plazo, la solicitud se entiende estimada.

Excepciones (silencio negativo): El silencio será desestimatorio en los siguientes procedimientos:

• Procedimientos relativos al derecho de petición (art. 29.1 CE).
• Procedimientos cuya estimación suponga transferencia de facultades sobre dominio público.
• Procedimientos cuya estimación suponga transferencia de facultades sobre servicio público.
• Procedimientos que impliquen actividades que puedan dañar el medio ambiente.
• Procedimientos vinculados a responsabilidad patrimonial.
• Impugnación de actos administrativos y disposiciones: recursos administrativos.
• Revisión de oficio iniciada a solicitud del interesado.

Iniciación de oficio

La iniciación de oficio se produce cuando el procedimiento se inicia por acuerdo del órgano administrativo competente, sin necesidad de solicitud previa de los interesados. El acuerdo de iniciación puede adoptarse:

• Por propia iniciativa del órgano competente.
• Como consecuencia de orden de un órgano jerárquicamente superior.
• A petición razonada de otros órganos.
• Por denuncia, que debe expresar la identidad del denunciante.

En estos casos, el órgano competente no está obligado a iniciar el procedimiento, pudiendo acordar previamente actuaciones para conocer las circunstancias del caso y la conveniencia de iniciarlo. Asimismo, en situaciones de urgencia inaplazable pueden adoptarse medidas provisionales para proteger los intereses implicados.

Iniciación a solicitud del interesado

La iniciación a solicitud del interesado se produce cuando el procedimiento se inicia a instancia de una persona que tenga capacidad de obrar y legitimación. Esta forma de iniciación es propia de procedimientos de los que pueden derivarse actos declarativos de derechos o actos favorables al interesado.

La iniciación requiere la presentación de una solicitud, cuyo contenido mínimo viene establecido en el art. 66 LPACAP, e incluye la identificación del interesado, los hechos, las razones y la petición, la firma y el órgano al que se dirige.

Cuando la solicitud no reúna los requisitos exigidos, la Administración requerirá al interesado para que subsane en el plazo de diez días; si no lo hace, se le tendrá por desistido de su petición.

Situaciones jurídicas

Las situaciones jurídicas son las posiciones en que puede encontrarse el ciudadano frente a la Administración. Se distingue entre:

• Situaciones jurídicas activas: posiciones de poder frente a la Administración (derechos subjetivos e intereses legítimos).
• Situaciones jurídicas pasivas: posiciones de deber o gravamen frente a la Administración (deber, obligación y carga).

El derecho de acceso

Es el derecho de todas las personas a acceder a la información pública que obre en poder de las Administraciones públicas, al margen de un procedimiento administrativo. Está reconocido en el art. 105.b) CE y en el art. 13.d) LPACAP, y desarrollado por la Ley 19/2013, de transparencia.

No es un derecho absoluto, ya que puede limitarse para proteger intereses públicos o derechos de terceros (seguridad, defensa, intimidad, etc.).

Jerarquía

La jerarquía es el principio organizativo por el cual los órganos administrativos se ordenan de forma piramidal, de modo que los órganos superiores dirigen, controlan y supervisan a los inferiores. Implica facultades como la dirección mediante órdenes e instrucciones, la inspección, el control, la potestad disciplinaria, la delegación y la avocación.

Competencia

La competencia es el conjunto de funciones y potestades que el ordenamiento jurídico atribuye a cada órgano administrativo, que está autorizado y obligado a ejercer. Es irrenunciable y debe ejercerse por el órgano que la tenga atribuida como propia, salvo delegación o avocación.

Delegación

La delegación es la técnica por la cual un órgano administrativo traslada a otro el ejercicio de una competencia propia, sin transferir la titularidad. Se realiza entre órganos de la misma Administración (aunque no sean jerárquicamente dependientes) y debe publicarse oficialmente. Los actos dictados se consideran dictados por el órgano delegante.

Avocación

La avocación es el acto por el cual un órgano superior asume para sí el conocimiento y la resolución de uno o varios asuntos concretos que corresponden a un órgano inferior. Sólo afecta a casos concretos, debe estar motivada y no altera la titularidad de la competencia.

Descentralización

La descentralización es un principio organizativo que opera entre distintas Administraciones públicas, no entre órganos. Consiste en la traslación de competencias que pasan a ejercerse como propias por el ente descentralizado. Puede ser:

• Territorial: entre el Estado y las Comunidades Autónomas o Entidades Locales.
• Funcional: entre una Administración territorial y una Administración institucional.

Los 5 principios de la organización administrativa

• Eficacia
• Jerarquía
• Descentralización
• Desconcentración
• Coordinación

Procedimiento administrativo: concepto y clases

El procedimiento administrativo es la concatenación de trámites y actuaciones que la Administración debe seguir para adoptar una decisión formal, normalmente un acto administrativo. Es, por tanto, la forma de elaboración de las decisiones administrativas, exigida constitucionalmente por el art. 105.c) CE, que impone que los actos administrativos se produzcan a través de un procedimiento que garantice, cuando proceda, la audiencia del interesado.

El procedimiento administrativo está formado por una serie de actos encadenados, instrumentales respecto de la resolución final, y cumple una triple finalidad:

• Garantizar el acierto de la decisión administrativa.
• Servir de garantía para los interesados.
• Constituir un medio de participación de los ciudadanos en la actividad administrativa.

En cuanto a sus clases, existen múltiples procedimientos, generales y especiales, atendiendo a la diversidad de sectores en los que actúa la Administración. Según su finalidad, se distinguen procedimientos declarativos, ejecutivos y de simple gestión; y, según su forma de tramitación, procedimientos ordinarios y de urgencia.