Efectos de la Restricción de la Competencia

La restricción de la competencia puede derivarse de conductas colusorias que resultan ilícitas por su objeto o por sus efectos. El Derecho de la Competencia distingue dos categorías:

Ilicitud por el Objeto vs. Ilicitud por los Efectos

• Ilicitud por el Objeto: Ocurre cuando el acuerdo tiene una finalidad intrínsecamente anticompetitiva, lo que da lugar a una presunción de anticompetitividad. No es necesario acreditar efectos negativos reales en el mercado, bastando la mera adopción del acuerdo. Un ejemplo paradigmático es la fijación de precios en cárteles, que elimina un elemento esencial del juego competitivo.
• Ilicitud por los Efectos: Se da cuando el acuerdo no persigue directamente restringir la competencia, pero produce de hecho una limitación de esta. En este caso, es imprescindible analizar su impacto real sobre los parámetros competitivos (precio, calidad y cantidad) mediante el método contrafactual, comparando la situación del mercado con y sin el acuerdo. Un ejemplo es la fijación de baremos orientativos de honorarios, que, aun sin intención anticompetitiva, generan precios homogéneos y reducen la presión competitiva.

Prácticas Colusorias: Supuestos Tipificados por la Ley

La ley tipifica determinados comportamientos como prácticas colusorias, al considerar que restringen de forma especialmente grave la competencia. Estos supuestos incluyen:

1. Fijación de Aspectos Esenciales: Se prohíbe la fijación directa o indirecta de aspectos esenciales de los bienes y servicios, como los precios, las condiciones comerciales o las condiciones de servicio.
2. Limitación de Producción y Desarrollo: Se sanciona la limitación o el control de la producción o la distribución, mediante la reducción artificial de la oferta para elevar precios, así como la limitación del desarrollo técnico o de las inversiones, lo que elimina incentivos a la innovación y a la mejora de los productos.
3. Reparto de Mercados: Se considera colusorio el reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento, impidiendo la competencia entre empresarios y privando a los consumidores de alternativas, además de perjudicar a los suministradores.
4. Discriminación de Condiciones: Es ilícita la aplicación de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que sitúan a determinados competidores en una posición desventajosa con fines excluyentes.
5. Ventas Atadas (Subordinación de Contratos): La normativa prohíbe la subordinación de contratos a prestaciones suplementarias no relacionadas con su objeto, al imponer a clientes y operadores condiciones comerciales injustificadamente gravosas.

Cárteles y Política de Clemencia

Definición de Cártel

Los cárteles son acuerdos o prácticas concertadas entre competidores dirigidos a coordinar su comportamiento en el mercado o a influir en los parámetros de la competencia, constituyendo una modalidad específica de las conductas colusorias prohibidas. No toda práctica colusoria es un cártel, pero todo cártel implica colusión, y su delimitación responde a la necesidad de aplicar un régimen sancionador específico.

Entre los comportamientos típicos de los cárteles se incluyen:

• Fijación o coordinación de precios o condiciones comerciales.
• Asignación de cuotas de producción o venta.
• Reparto de mercados o clientes (incluidas las colusiones en licitaciones o las restricciones a importaciones y exportaciones).
• Adopción de medidas anticompetitivas frente a otros competidores.

La Política de Clemencia

La política de clemencia consiste en un conjunto de medidas normativas y administrativas que conceden un trato favorable a las empresas que, habiendo participado en un cártel, lo denuncian y aportan pruebas a la autoridad de competencia, con el objetivo de facilitar su detección y persecución. Su eficacia se basa en la dificultad de descubrir estos acuerdos por otros medios.

El mecanismo se articula mediante la exención o reducción de las multas:

• Si la autoridad de competencia no conocía el cártel, la primera empresa en aportar pruebas obtiene la exención total.
• Si ya existía conocimiento previo, las empresas colaboradoras pueden obtener reducciones sucesivas de la sanción en función del orden y del valor añadido de la información aportada.

Control de Concentraciones Económicas (Merger Control)

Las concentraciones económicas se refieren al crecimiento inorgánico de las empresas, que se produce mediante fusiones o adquisiciones y conduce a una reducción del número de competidores, pudiendo afectar negativamente a la estructura competitiva del mercado. A diferencia del crecimiento orgánico, basado en la reinversión y la expansión de la propia actividad, la concentración no implica un aumento real de la actividad total del mercado, sino una aglutinación de procesos empresariales.

Por ello, los poderes públicos someten estas operaciones a un control de concentraciones (merger control), no mediante una prohibición automática, sino a través de un examen previo de sus efectos, pudiendo prohibirlas o autorizarlas con condiciones si amenazan la competencia.

Definición Jurídica de Concentración

Desde el punto de vista jurídico, existe concentración económica cuando se produce un cambio estable en el control de la totalidad o parte de una o varias empresas, siendo este cambio el elemento central del concepto. Dicho cambio puede producirse de iure (mediante fusiones, adquisiciones de control o creación de empresas en participación) o de facto (cuando, sin existir formalmente una modificación jurídica, se adquiere una influencia decisiva sobre la empresa a través de derechos, contratos u otros medios).

No constituyen concentración:

• La redistribución interna de activos dentro de un mismo grupo.
• La tenencia temporal de participaciones para su reventa.
• Las adquisiciones realizadas en procedimientos concursales por mandato de una autoridad pública, al no implicar un cambio estable ni una alteración real de la estructura competitiva.

Posición de Dominio y su Abuso

Concepto de Posición de Dominio

La posición de dominio es la capacidad de un operador económico para actuar con independencia de competidores, clientes y consumidores, pudiendo imponer precios, condiciones o prácticas que no serían posibles en un mercado competitivo sin perder cuota. El Derecho de la Competencia no sanciona la mera posesión de dicha posición, que puede alcanzarse legítimamente por eficiencia o innovación, sino su abuso, entendido como el uso ilegítimo de ese poder para distorsionar la competencia.

Criterios para Determinar la Posición Dominante

Para determinar su existencia es necesario delimitar el mercado de referencia, tanto el mercado de producto (bienes o servicios intercambiables) como el mercado geográfico (ámbito territorial de actuación). Entre los criterios relevantes destacan:

• Cuota de Mercado: Superior al 70% como prueba sólida, al 50% como presunción, al 40% como indicador relevante y entre el 25% y el 40% condicionada a otros factores.
• La existencia de competencia actual o potencial.
• El poder compensatorio de la demanda.

El Abuso de Posición de Dominio

El abuso de posición de dominio consiste en el aprovechamiento anticompetitivo del poder de mercado por parte del operador dominante, cuando los demás agentes (competidores, clientes o consumidores) carecen de capacidad de reacción suficiente para neutralizar su conducta. El abuso puede manifestarse de dos formas principales:

• Abuso de Exclusión: Dirigido a expulsar a competidores actuales o impedir la entrada de potenciales.
• Abuso de Explotación: Orientado a perjudicar a clientes o consumidores mediante prácticas como precios excesivos o condiciones comerciales injustificadas.

Marco Jurídico General

El marco jurídico general en materia de posición de dominio se articula en torno a tres pilares:

1. Lo No Prohibido: El mero disfrute de una posición de dominio, ya que una empresa puede haberla alcanzado legítimamente por méritos propios. No obstante, ello conlleva un deber especial de diligencia, exigiéndose al operador dominante actuar conforme a parámetros de competencia normal basados en calidad, precio e innovación.
2. Lo Prohibido: El abuso de la posición de dominio, es decir, su utilización con fines anticompetitivos.
3. Las Excepciones: La única excepción a esta prohibición es la existencia de una justificación objetiva, fundada en fines legítimos no comerciales, como razones técnicas o de seguridad.