Recurso de reposición

Recurso de reposición. Procede contra todos los actos dictados por la Administración Tributaria (AT) que sean susceptibles de reclamación económico-administrativa, por ejemplo: los actos de imposición de sanciones y los actos de aplicación de los tributos dictados en los procedimientos de gestión, inspección y recaudación.

Notas distintivas

• Naturaleza potestativa: Su interposición no es necesaria para la ulterior impugnación del acto en sede judicial, salvo en el ámbito local, donde el recurso de reposición sí se configura como obligatorio.
• No agota la vía administrativa: Su resolución no pone fin a la vía administrativa; debe interponerse la reclamación económico-administrativa (y, en su caso, recurso de alzada) antes de acudir a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa. No obstante, en la esfera local el recurso de reposición sí agota la vía administrativa, pudiendo interponerse tras su desestimación el recurso contencioso-administrativo correspondiente.
• Carácter previo a la reclamación económico-administrativa: Ambos medios de impugnación no pueden simultanearse. Interpuesto el recurso de reposición, no podrá promoverse reclamación económico-administrativa hasta que el recurso se haya resuelto expresamente o se pueda considerar desestimado por silencio administrativo. Si en el plazo establecido para recurrir se hubieran interpuesto ambos recursos contra el mismo acto, se tramitará el presentado en primer lugar, declarando inadmisible el segundo.

Plazos

El plazo de interposición para el recurso de reposición será de 1 mes, contado a partir del día siguiente al de la notificación del acto recurrido o al de la producción de los efectos del silencio administrativo. No obstante, de acuerdo con la jurisprudencia, en los casos de silencio negativo cabe la interposición del recurso de reposición en cualquier momento.

Tratándose de deudas de vencimiento periódico y de notificación colectiva, el plazo para la interposición se computará a partir del día siguiente al de finalización del período voluntario de pago.

Si el recurrente precisase del expediente para formular sus alegaciones, deberá comparecer durante el plazo de interposición del recurso para que se le ponga de manifiesto.

Por su parte, el plazo para notificar la resolución será de 1 mes, contado a partir del día siguiente al de la interposición del recurso. En este plazo no se incluirá el período concedido para efectuar alegaciones a titulares de derechos afectados por el recurso, ni el empleado por otros órganos de la Administración para remitir los datos o informes solicitados; dicho período no deberá superar los 2 meses.

Transcurrido el plazo sin notificación expresa, y siempre que se haya acordado la suspensión del acto recurrido, dejará de devengarse el interés de demora. Al mismo tiempo, transcurrido el citado plazo, el interesado podrá considerar desestimado el recurso a efectos de interponer la reclamación procedente.

Efectos y suspensión de la ejecución

Con carácter general, la mera interposición del recurso de reposición no suspende la ejecución del acto impugnado. Sin embargo, la ejecución se suspenderá automáticamente cuando se aporte alguna de las siguientes garantías:

• Depósito de dinero o valores públicos.
• Aval o fianza.
• Fianza personal y solidaria de otros contribuyentes de reconocida solvencia.

La garantía deberá cubrir el importe del acto impugnado, los intereses de demora generados por la suspensión y los recargos que pudieran proceder en el momento de la solicitud de suspensión.

Además, la ejecución podrá suspenderse sin necesidad de aportar garantías cuando se aprecie que, al dictar el acto, se ha podido incurrir en error aritmético, material o de hecho. En todo caso, se suspenderá la ejecución de forma automática y sin aportación de garantías cuando se impugne una sanción.

Reclamaciones económico-administrativas

Reclamaciones eco‑admin. Constituye un medio de impugnación administrativa cuyas principales características son el carácter previo y necesario: supone la necesidad de interponer reclamación y agotar la vía económico-administrativa antes de impugnar el acto ante los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa. En la esfera local la reclamación económico-administrativa no procede, salvo en el caso de los denominados municipios de gran población.

Órganos competentes

Son órganos competentes para el conocimiento y la resolución de las reclamaciones económico-administrativas:

• Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC): conoce en única instancia de las reclamaciones interpuestas contra los actos dictados por órganos centrales del Estado, así como de las reclamaciones interpuestas contra actos dictados por órganos periféricos del Estado cuando, pudiendo presentarse en primera instancia ante el TEAR o TEAL, el recurrente decida interponerlas directamente ante el TEAC por superar determinadas cuantías. El TEAC conoce asimismo en segunda instancia de los recursos de alzada ordinarios contra resoluciones dictadas en primera instancia por los TEAR o TEAL, de los recursos extraordinarios para la unificación de criterios y doctrina, de los recursos extraordinarios de revisión y de los recursos de rectificación de errores en los que incurran sus propias resoluciones.
• Tribunales Económico-Administrativos Regionales y Locales (TEAR y TEAL): conocen en única instancia de las reclamaciones interpuestas contra actos dictados por órganos periféricos del Estado; conocen en primera instancia de las reclamaciones que se interpongan contra dichos actos cuando superen determinadas cuantías; conocen de los recursos de rectificación de errores de sus propias resoluciones y de las reclamaciones contra actuaciones de los particulares en materia tributaria susceptibles de reclamación económico-administrativa en primera o única instancia según la cuantía.

Cuantías y presentación directa ante el TEAC

Con carácter general, las cuantías son de 150.000 euros, y de 1.800.000 euros respecto de los actos de comprobación de valores o de fijación de la base imponible que precedan a la práctica de la liquidación. Pueden interponerse directamente ante el TEAC las reclamaciones que superen estas cuantías.

Legitimación

Están legitimados para interponer las reclamaciones los obligados tributarios y los sujetos infractores, así como cualquier otra persona cuyos intereses legítimos resulten afectados por el acto tributario. No están legitimados quienes asuman obligaciones tributarias en virtud de pacto o contrato.

Actos impugnables

Son impugnables en vía económico-administrativa los actos administrativos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones tributarias, así como las actuaciones u omisiones de los particulares tales como las obligaciones de repercutir y soportar la repercusión tributaria o de practicar y soportar retenciones e ingresos a cuenta, y cualquier otra establecida expresamente por norma estatal con rango de ley.

Plazos y notificación

La reclamación debe interponerse en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación del acto impugnado o desde que se produzcan los efectos del silencio administrativo. En las deudas de vencimiento periódico, el plazo se computa desde la finalización del período voluntario de pago.

La resolución debe notificarse en el plazo máximo de un año desde la interposición; transcurrido dicho plazo podrá entenderse desestimada por silencio administrativo.

Efectos: recursos y suspensión

Contra las resoluciones cabrá interponer recurso de alzada o recurso contencioso-administrativo según proceda. Cuando se haya acordado la suspensión del acto reclamado, cesa el devengo de intereses de demora.

La regla general es la no suspensión de la ejecución del acto impugnado salvo que se garantice suficientemente su importe, intereses y recargos; la suspensión se mantiene durante la tramitación del procedimiento y puede prolongarse en vía contencioso-administrativa. Es automática la suspensión de las sanciones sin necesidad de garantía hasta que sean firmes.

Procedimiento abreviado

Existe un procedimiento abreviado aplicable a reclamaciones de cuantía inferior a 6.000 euros, o a 72.000 euros en caso de bases o valoraciones. La resolución de este procedimiento deberá notificarse en el plazo de seis meses, entendiéndose desestimada por silencio administrativo sin posibilidad de recurso de alzada ordinario.