La Actividad Administrativa de Policía: Concepto y Alcance

La Actividad de Policía es la modalidad de actividad administrativa que se caracteriza por incidir, de una forma u otra y con distintos grados de intensidad, en la esfera jurídica de los ciudadanos, condicionándola o limitándola. La Administración impone restricciones, deberes u ordena coactivamente las actuaciones y conductas privadas con el fin de garantizar algún interés público.

La ordenación se realiza a través de la regulación. Los instrumentos de los que dispone la Administración para esta ordenación son las leyes y reglamentos, planes y la autorregulación.

Características de la Actividad de Policía

La actividad de policía limita la libertad. Sus características esenciales son:

• El poder (potestad administrativa).
• El control.
• La ordenación.
• La limitación.
• La protección del interés público.

Cualquier afectación a un derecho fundamental ha de ser regulada solo por Ley Orgánica, requiriendo una vinculación positiva a la norma.

Tipos de Actos Administrativos de Policía

Las normas de los actos administrativos pueden ser:

• De habilitación-autorización.
• De constatación-registro (inventarios, certificaciones).
• De comprobación-inspección.

Técnicas de Intervención o Control

Las técnicas de intervención o control de las que consta la actividad de policía incluyen:

• Autorizaciones.
• Vigilancia.
• Órdenes.
• Deber de suministro de información.
• Deber de registro.
• Actividades comunicadas.
• Evaluaciones y auditorías.
• Autocontrol.

Principios Rectores de la Actividad Administrativa de Policía

La actuación de la Administración de Policía está informada por principios fundamentales del Derecho Administrativo:

Principio de Legalidad

La Administración Pública actúa con sujeción plena a la ley y al derecho. En el caso específico de la actividad administrativa de policía, existe una auténtica “vinculación positiva a la ley”. Esto significa que la regulación por norma legal es requisito esencial de toda actividad limitadora de las libertades y derechos de los ciudadanos. No existe actividad administrativa lícita sin norma legal previa a la cual, directa o indirectamente, pueda reconducirse la actividad administrativa concreta.

Principio de Igualdad

La sujeción de la actividad de las Administraciones Públicas al principio de igualdad se impone, como para cualquier otro poder público, aunque se admite la posibilidad de una discriminación positiva justificada.

Principio de Proporcionalidad

Este principio se aplica intensamente en la actividad administrativa de policía, especialmente en relación con los distintos medios de ejecución forzosa de los actos administrativos que la ley pone a disposición de la Administración Pública. Las medidas adoptadas deben ser adecuadas, necesarias y equilibradas respecto al fin perseguido.

Técnicas de Intervención Administrativa

La Autorización Administrativa

La Autorización es un acto habilitante. Son actos administrativos, cualquiera que sea su denominación específica, por los que, en uso de una potestad de intervención legalmente atribuida a la Administración, se permite a los particulares el ejercicio de una actividad, previa comprobación de su adecuación al ordenamiento jurídico y valoración del interés público afectado.

Clasificación de las Autorizaciones

Las autorizaciones pueden clasificarse según diversos criterios:

1. Según el objeto:
   • Personales: En función de la persona que la solicita y son intransmisibles.
   • Reales: En función de la actividad o el bien; estas se pueden transmitir.
   • Mixtas: En función de la persona y la actividad.
2. Según la duración o alcance:
   • Simples: Para realizar una actuación singular.
   • Operativas (o de función): Actividades de largo plazo y de carácter indefinido.
3. Según el margen de apreciación:
   • Regladas: Controlan que la actividad se ajuste estrictamente a la legalidad.
   • Discrecionales: Controlan la legalidad y la oportunidad, para evitar que queden afectados intereses públicos.

Régimen Jurídico Común de las Autorizaciones

Las características comunes a las normas que establecen el régimen jurídico de las autorizaciones son:

• El procedimiento administrativo de otorgamiento se inicia a instancia del interesado.
• El efecto de la falta de notificación de la resolución en el plazo máximo para resolver el procedimiento es el silencio positivo.
• Se otorgan sin perjuicio de tercero (es decir, si no perjudican a otros).
• La revocabilidad de las autorizaciones.

La Inspección Administrativa

La Inspección es la acción de la Administración en la que se examina y reconoce, mediante la observación directa de su personal, ciertas actividades de los administrados para comprobar el cumplimiento de los deberes, prohibiciones o limitaciones a que están sometidos. El resultado de la inspección se recoge en un acta para dejar constancia.

Medidas Provisionales y Regulación

Se pueden adoptar medidas provisionalísimas (antes de la inspección) o medidas provisionales (después de la inspección), siempre que estas medidas estén expresamente recogidas en la ley.

Actualmente, la regulación de la inspección de las Administraciones se da principalmente a nivel autonómico, sin que exista una ley general a nivel estatal.

Funciones de la Inspección

La inspección no solo está dirigida a la potestad sancionadora. Sus funciones principales son:

• Vigilancia y control (obtención de pruebas, comprobación de hechos, determinación de responsabilidades).
• Función de investigación y obtención de información.
• Función de asesoramiento e información a los agentes de mercado.
• Función de prevención.

Los principios de legalidad, congruencia y proporcionalidad informan y limitan la actividad inspectora. La finalidad última es velar por la legalidad vigente mediante las potestades de inspección y control del cumplimiento de la normativa sectorial.

Valor Probatorio y Entidades Colaboradoras

Los hechos que constata el personal de la Administración encargado de las funciones públicas de inspección y control se formalizarán en un documento público. Este tendrá valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que puedan aportar las personas interesadas en defensa de sus derechos e intereses.

Las Administraciones Públicas pueden encomendar el ejercicio de funciones de inspección y control a entidades colaboradoras debidamente habilitadas en los términos establecidos en la ley o normativa sectorial. Estas entidades pueden ser públicas o privadas con personalidad jurídica propia, y deben cumplir con:

• Disponer de los medios materiales y personales necesarios.
• Cumplir requisitos de solvencia técnica y financiera.
• Actuar con imparcialidad, confidencialidad y responsabilidad.
• Estar sujetas al régimen de incompatibilidades para garantizar su independencia en el ejercicio de las funciones.

Los hechos constatados por estas entidades se documentarán en actas, informes y certificaciones, donde deberá constar expresamente su condición de entidad colaboradora de la Administración Pública. Estos documentos tendrán la misma validez jurídica que los emitidos por el personal de la Administración encargado de esas funciones.

Documentación y Pruebas

Los hechos constatados se recogen en:

• Actas (incluyendo actas de tomas de muestra).
• Informes de constatación, verificación, ampliatorios o parciales.

Las pruebas documentales que pueden requerirse incluyen:

• Documentos contables.
• Documentos comerciales.
• Documentos registrales.
• Documentos fiscales.

Acceso a Locales y Domicilios

Se debe permitir el acceso de la inspección a locales y dependencias abiertos al público en los que se realicen actividades, especialmente si tienen trascendencia para los consumidores.

Si el acceso es a locales cerrados (como un despacho profesional, un establecimiento mercantil o un local abierto al público fuera de las horas de apertura), la entrada del funcionario deberá ser con autorización judicial, ya que la entrada sin ella podría constituir delito.

Si el acceso es a un domicilio, solo se podrá entrar con el consentimiento expreso del titular o mediante resolución judicial.