Portada » Derecho » Doctrina, Legislación y Jurisprudencia sobre Libertad de Expresión y Medios en Argentina
La Corte Suprema estableció una regla para proteger a la prensa de acciones judiciales de tipo civil o penal, promovidas por funcionarios públicos afectados en su honor por informaciones sobre su desempeño oficial.
La Constitución impide a un funcionario público ser indemnizado por razón de una manifestación difamatoria referente a su conducta oficial, a menos que el funcionario pruebe que fue hecha con real malicia (es decir, con conocimiento de que la información es falsa o con imprudente desinterés por su veracidad).
Esta doctrina actúa como un escudo protector de la prensa libre:
El honor protege la autoestima de las personas y su legítima expectativa de reconocimiento social. La libertad de prensa y el derecho al honor deben ser considerados equivalentes.
En la noción judicial, hace referencia a la dignidad de las personas. Lo poseen todas las personas porque todas tienen dignidad, es decir, son inviolables.
Es un ataque a la honra o el crédito de una persona que puede presentarse de distintas maneras, como la divulgación de información entre terceros.
La falsedad de una imputación sigue siendo uno de los delitos más graves contra el honor.
En el caso, los periódicos “La Razón”, “Crónica” y “Diario Popular” fueron condenados a reparar el daño moral por la responsabilidad emergente de la publicación de una nota periodística, en la que se imputaba al Sr. Campillay la autoría de diversos delitos, respecto de los cuales, en sede penal, se lo sobreseyó definitivamente. Si bien la noticia reproducía el contenido de un comunicado de la Policía Federal que daba cuenta de ciertas acciones ilícitas por parte de Campillay, los medios no citaron la fuente ni emplearon el tiempo potencial en la redacción de la crónica.
En el Programa de Reorganización Nacional se ejecutaron una serie de medidas económicas de fuerte signo regresivo.
Eduardo Kimel fue un periodista y escritor argentino condenado después de investigar la masacre de los curas palotinos en la Iglesia de San Patricio. Su caso fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ayudó a terminar con el delito de calumnia e injurias para casos de interés público. La normativa que despenaliza estos delitos es conocida de manera informal como la Ley Kimel.