1. Concepto de Partes en el Proceso Laboral

Las partes en el proceso laboral son las personas que formulan una pretensión y una resistencia ante el órgano jurisdiccional social. Estas personas van a ser afectadas por la actuación judicial. Es importante señalar que, si bien el demandante y el demandado son las partes principales, un juez no es parte en el proceso, sino el órgano que lo dirige, y los testigos son intervinientes.

La Ley 36/2011 establece peculiaridades en las partes del proceso laboral, especialmente en sus Artículos 16 y 17, que abordan la capacidad procesal, la representación y la legitimación.

2. Capacidad Procesal

La capacidad procesal, regulada en el Artículo 16 de la Ley 36/2011, se refiere a la aptitud para comparecer en un juicio. Tienen esta capacidad todos los que pueden comparecer en un juicio.

• Incapaces para comparecer: Obviamente, un menor de 8 o 3 años no puede comparecer por sí mismo.
• Capaces para comparecer:
  • Con carácter general, los mayores de edad.
  • Los menores de 18 años y mayores de 16 años con autorización de padres o tutores legales (según el Artículo 7 del Estatuto de los Trabajadores) en el ámbito del Derecho del Trabajo. En el ámbito del Derecho Civil, un menor de 16 años no tiene capacidad para actuar directamente, requiriendo un representante legal que defienda sus intereses (por ejemplo, en el caso de una herencia).
• Personas con discapacidad: En cuanto a personas mayores de edad que no estén en condiciones por discapacidad u otra razón, actúan sus representantes legales.
• Naturaleza de las partes:
  • El trabajador siempre es una persona física.
  • El empresario puede ser persona física o jurídica. En nombre de las personas jurídicas, actuarán los representantes legales según sus estatutos o normas de constitución.

3. Legitimación Procesal

La capacidad material o legitimación se recoge en el Artículo 17 de la Ley 36/2011. La ostenta quien es el titular de los derechos y obligaciones que se debaten en el proceso.

La legitimación puede ser:

• Legitimación activa: Quien puede plantear válidamente pretensiones ante el orden jurisdiccional. Casi siempre es el trabajador, quien pide. Es el titular de la acción procesal y quien firma la demanda.
• Legitimación pasiva: Aquel al que se le pide. Puede ser el empresario, la Seguridad Social (cuando no reconoce una prestación), o la Inspección de Trabajo.

3.1. Legitimación Ordinaria y Extraordinaria

La legitimación procesal se regula en el Artículo 17.1 de la LJS y puede ser ordinaria o extraordinaria:

• Legitimación ordinaria: Se es el titular del derecho y la obligación y, por tanto, parte en el proceso. Pueden ejercitar las acciones ante los órganos jurisdiccionales del orden social quienes sean titulares de un derecho subjetivo o un interés legítimo.
• Legitimación extraordinaria: Sin ser titular de derechos y obligaciones, actúan como sujetos legitimados en el proceso. La legitimación extraordinaria transciende muy claramente de los intereses de los propios afectados. Ejemplos incluyen:
  • El Ministerio Fiscal.
  • El FOGASA (Fondo de Garantía Salarial).

3.2. Pluralidad de Partes (Litisconsorcio)

La parte demandante y demandada a veces está compuesta por una pluralidad de sujetos. En una sala de vistas, el juez siempre ocupa el centro de la sala, la parte demandada suele estar a la izquierda y la parte demandante a la derecha.

El litisconsorcio se produce cuando en la parte demandante o demandada hay más de una parte que interpone o es objeto de la demanda. Puede ser:

• Litisconsorcio activo o pasivo: Dependiendo de si la pluralidad se da en la parte demandante o demandada.
• Litisconsorcio necesario: Cuando viene impuesto necesariamente por la Ley.
• Litisconsorcio opcional: Cuando no viene obligado por la Ley, pero esta lo posibilita.

La coadyuvancia se da cuando la ley no impone que unos sujetos comparezcan en apoyo de las posiciones de una de las partes, pero en una situación procesal no equiparable a la de las partes. Pueden actuar para reforzar alguna de las partes, como un sindicato de trabajadores.

4. Reglas de Representación y Postulación Procesal

Este aspecto está regulado en el Capítulo II «De la representación y defensa procesales» de la Ley 36/2011.

4.1. Intervención en el Juicio (Artículo 18)

El Artículo 18 establece que las partes pueden comparecer en el proceso por sí mismas. No es obligatorio ir con abogado, procurador o graduado social colegiado, ni con cualquier persona que se encuentre en el pleno ejercicio de sus derechos civiles en el ámbito jurídico-procesal. Por lo tanto, la representación es voluntaria. La gratuidad del proceso permite que se pueda ir representado por cualquier otra persona.

4.2. La Postulación

La postulación es la capacidad de la parte de dar por sí misma o por otro a los actos procesales la forma requerida por la Ley.

La representación es la regla general:

• Personas físicas: Pueden comparecer por sí mismas.
• Personas jurídicas: Acuden a su representación quienes legalmente les representen.
• Grupos sin personalidad: Sus representantes son quienes apareciesen como organizadores, directores o gestores.
• Personas jurídico-públicas: Entidades gestoras y Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

El demandante debe hacer constar en la demanda si va con representación y adjuntar el otorgamiento de poder en escritura pública. El demandado, si quiere utilizar representación, debe comunicarlo a la Oficina Judicial en los 2 días siguientes a la citación del juicio.

El sindicato puede actuar en nombre e interés de sus afiliados.

4.3. Representación Obligatoria en Procesos con Más de 10 Actores

El Artículo 19.1 de la LRJS impone la obligación de que, en los procesos en los que demanden más de 10 actores, estos designen a un representante.

5. Graduados Sociales y sus Funciones en el Proceso Laboral

La representación técnica también podrá ser ostentada por un graduado social, según se regula en el Artículo 545.

• En la reforma de la LOPJ de 2003, no se recogía la figura del graduado social.
• En el año 2004, en el Título II, se incluyó a los graduados sociales junto con abogados y procuradores.
• La Ley 13/2009 permitió a los graduados sociales actuar también en los Tribunales Superiores de Justicia.
• Cuando una empresa se declara en concurso (Ley Concursal), se permite la defensa por graduados sociales en la jurisdicción civil.
• Los graduados sociales buscan acceder al principio de gratuidad de la asistencia jurídica (intento de reforma al que se oponen los colegios de abogados).
• Es una profesión relativamente joven.

6. Diferencias Clave entre la Representación Técnica de un Graduado Social y un Abogado

Existen diferencias fundamentales en el ámbito de actuación:

• Los graduados sociales solo actúan en el orden jurisdiccional social. Mientras que los abogados actúan en los cuatro grandes órdenes jurisdiccionales (civil, penal, contencioso-administrativo y social).
• Los graduados sociales pueden actuar en instancia y, como logro desde la Ley 13/2009, en recursos de suplicación (que se interponen en la Sala de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia). Sin embargo, no pueden actuar en el recurso de casación en la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.
• No pueden actuar en la vía contencioso-administrativa, aunque se trate de temas de Seguridad Social.
• La Ley de Asistencia Jurídica Gratuita no incluye a los graduados sociales.

Los graduados sociales exigen:

• Poder actuar en todas las instancias del Tribunal Supremo.
• Actuación en materia de Seguridad Social, aunque sea fuera del orden jurisdiccional social.
• La posibilidad de ser incluidos en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

7. Legitimación de las Representaciones Colectivas (Sindicatos)

Los sindicatos pueden actuar en el proceso laboral para:

• Defensa de los intereses propios: Tienen plena capacidad jurídica y plena capacidad de obrar una vez que están legalmente constituidos.
• Tutela de los intereses colectivos: En un conflicto colectivo que afecta a todos los trabajadores de una empresa, la demanda debería ser interpuesta por los comités de empresa. No obstante, si es una empresa importante a nivel nacional, la demanda sí podría provenir de uno de los sindicatos más representativos.
• Tutela de los intereses individuales: Se regula en el Artículo 20 de la LRJS, sobre la representación de los sindicatos. En concreto, se establece que los sindicatos sí pueden actuar en un proceso individual en nombre e interés de trabajadores, funcionarios y personal estatutario afiliados que así lo autoricen, para la defensa de sus derechos individuales.

Además, el sindicato también puede actuar como coadyuvante.