Portada » Geografía » Dinámicas Económicas de España: Sectores Productivos y su Impacto Territorial
El sector terciario, también conocido como sector servicios, comprende una amplia gama de actividades que, lejos de producir bienes tangibles, ofrecen servicios a la población y a las empresas. Esta categoría es tan diversa que va desde actividades simples como el reparto de propaganda hasta otras muy complejas como la investigación científica o los servicios financieros avanzados. En la actualidad, este sector es el más representativo de la economía española, con un notable peso en el empleo, superando incluso la media europea.
Los servicios se clasifican en varios tipos:
Esta diversidad se refleja también en su estructura: empresas de todos los tamaños y niveles de cualificación operan en este sector, marcado por su inmaterialidad, proximidad al consumidor y baja mecanización.
El fenómeno de la terciarización —el progresivo desplazamiento del empleo y la producción hacia los servicios— comenzó a intensificarse en España a partir de 1959. Las causas incluyen:
Además, muchas empresas han externalizado servicios que antes realizaban internamente, como la limpieza o la contabilidad.
En cuanto al comercio, España participa activamente en el comercio internacional, siendo exportadora de vehículos, medicamentos y maquinaria, mientras importa principalmente petróleo y productos tecnológicos. La globalización ha facilitado el comercio exterior, aunque también ha traído desafíos como la deslocalización industrial y desigualdades económicas. El comercio interno ha evolucionado hacia una mayor diversificación con el auge de grandes superficies y comercio electrónico.
El transporte es otro componente esencial del sector terciario, crucial para la cohesión territorial. Aunque la red de carreteras es la más utilizada, también existen importantes infraestructuras ferroviarias, marítimas y aéreas, aunque con diferencias en desarrollo según la región. Las redes de comunicación, tanto físicas como digitales, han sido fundamentales en la modernización del país.
El turismo ocupa un lugar destacado en la economía española, posicionando a España como uno de los principales destinos turísticos del mundo. Aunque tradicionalmente centrado en el modelo de “sol y playa”, desde los años 90 se ha intentado diversificar hacia un turismo de mayor calidad, incluyendo el cultural, rural y ecológico. Pese a su peso económico, el turismo enfrenta problemas como la estacionalidad, la saturación de destinos y el impacto ambiental.
Finalmente, los servicios públicos, en especial los relacionados con el Estado del bienestar, como la sanidad, la educación y las prestaciones sociales, han tenido un papel fundamental en el crecimiento del sector. Madrid, como capital del país, concentra gran parte de los servicios administrativos. En conjunto, el sector terciario refleja tanto el nivel de desarrollo económico como los retos de sostenibilidad, modernización y equidad territorial que enfrenta España hoy.
La industria en España ha atravesado varias fases históricas desde sus inicios en el siglo XIX. En sus comienzos, la industrialización fue limitada por la escasa demanda interna, la falta de una burguesía emprendedora y una red de transportes deficiente. A lo largo del siglo XX, el sector vivió etapas de crecimiento, estancamiento y reconversión, destacando el periodo del “desarrollismo” entre 1959 y 1975, cuando se modernizó y expandió significativamente.
Posteriormente, la crisis de 1975 obligó a una profunda reconversión industrial debido a factores tanto externos (como la crisis del petróleo) como internos (dependencia del exterior, obsolescencia tecnológica, etc.). Desde 1986, la integración en la Unión Europea favoreció la modernización y apertura de la industria española al mercado internacional, impulsada por fondos europeos y políticas de liberalización. Paralelamente, la llamada tercera revolución industrial ha introducido grandes cambios gracias a las nuevas tecnologías, como la automatización, el uso intensivo de la informática y la descentralización de la producción, favoreciendo las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y las industrias de alta tecnología.
En cuanto a las fuentes de energía, España es altamente dependiente del exterior, especialmente en petróleo y gas. Se han intentado fomentar energías renovables (solar, eólica, hidroeléctrica), pero su implantación ha sido desigual por motivos económicos y políticos. Aun así, representan una parte importante del mix energético actual, junto a la energía nuclear y térmica. La política energética busca reducir la dependencia exterior, abaratar costes, fomentar la eficiencia y minimizar el impacto ambiental.
La industria española actual se divide en:
Estos últimos aún enfrentan dificultades como la baja inversión en I+D o la falta de adaptación educativa. También se observan desequilibrios territoriales, con:
Finalmente, el impacto ambiental de la industria es relevante, con problemas de contaminación, deterioro paisajístico y sobreexplotación de recursos, lo que ha llevado a políticas ambientales más exigentes impulsadas por la UE, como el cumplimiento del Protocolo de Kioto.
El sector primario en España, que incluye la agricultura, ganadería, pesca y explotación forestal, representa solo el 4.5% de la población activa y aporta aproximadamente el 2.5% del PIB. A pesar de su reducido peso económico, este sector es fundamental por su diversidad y su papel en la configuración del paisaje rural.
En general, los factores naturales no son favorables para las actividades agrarias, a pesar de que las mejoras técnicas han permitido superar en parte esta adversidad del medio físico. Solo el 20% de la superficie española es claramente rentable desde el punto de vista agrario. Estos factores son:
Como positivo, la diversidad climática origina una gran variedad de cultivos. Además, la producción de cultivos extratempranos por la elevada insolación y temperaturas templadas, permite adelantar las exportaciones a países europeos, beneficiándose de precios más elevados.
En España, la población rural dedicada a la agricultura representa una pequeña parte del total de trabajadores, apenas el 4,5 %, y se caracteriza por ser mayoritariamente masculina y envejecida. Esta situación es resultado del éxodo rural que tuvo lugar entre 1960 y 1975, cuando muchas personas dejaron el campo buscando mejores condiciones de vida en zonas urbanas e industriales, tanto dentro como fuera del país. En los últimos años, esta pérdida de población rural se ha frenado por varios factores, como el regreso de jóvenes menores de 35 años al campo debido a la crisis económica entre 2008 y 2015. Sin embargo, la mecanización del campo limita el número de empleos disponibles. Además, ha aumentado la presencia de población urbana en zonas rurales, ya sea por turismo, como segunda residencia, o por jubilación, lo que ha estimulado actividades económicas no agrícolas. Es importante distinguir entre población agraria (que trabaja en el sector primario) y población rural (que vive en el campo pero trabaja en otros sectores).
Por regiones, la población activa agraria es mínima en Madrid y el País Vasco, y más significativa en Extremadura, Murcia y Galicia. En cuanto a la propiedad de la tierra, predomina la propiedad privada, con muchos pequeños propietarios y pocos grandes propietarios. Aunque históricamente la agricultura ha sido de bajos rendimientos, en las últimas décadas se ha mejorado gracias a explotaciones más grandes y tecnificadas. Las pequeñas explotaciones o minifundios son muy numerosas pero ocupan poca tierra, mientras que los latifundios concentran gran parte de la superficie agrícola pese a ser pocos. Las explotaciones medianas han crecido por la concentración de tierras. Respecto al régimen de tenencia, la mayoría de las tierras se cultivan directamente por sus propietarios, mientras que una parte menor se explota mediante arrendamiento o, en menor medida, aparcería, esta última en retroceso. En términos de poblamiento rural, se identifican dos tipos:
En el sur peninsular, especialmente en Andalucía, destacan las agrociudades por su tamaño y estructura.
La producción agrícola se centra en la trilogía mediterránea (cereal, vid y olivo), junto con cultivos hortofrutícolas especialmente en el litoral mediterráneo, industriales y forrajeros. La ganadería, que representa el 35% de la producción agraria, se ha especializado y tecnificado, con predominio de la ganadería intensiva. La explotación forestal, aunque menos destacada, es relevante en zonas como el norte de España.
El paisaje agrario es el espacio natural modificado para actividades agrícolas, ganaderas o forestales. En España se distinguen los siguientes paisajes agrarios:
Se localiza en la franja cantábrica y gran parte de Galicia, con un relieve accidentado, un clima oceánico lluvioso todo el año y amplias praderas naturales. Predomina un hábitat rural disperso, con una población agraria bastante envejecida por la emigración en décadas anteriores. Predomina la pequeña propiedad (minifundios) en bocage (parcelas cerradas). La producción se orienta sobre todo a la ganadería (vacuno) para la producción cárnica y láctea. La agricultura se ha especializado en cultivos de huerta (en régimen de policultivo) y plantas forrajeras para el alimento del ganado. En general las explotaciones ganaderas son demasiado pequeñas y anticuadas, además, la producción láctea se ha visto perjudicada por las restricciones que ha impuesto la UE. También tiene cierta importancia la explotación forestal para la industria.
Comprende el litoral y el prelitoral mediterráneo, el valle del Guadalquivir y Baleares. Clima mediterráneo costero, con precipitaciones muy escasas en verano. Predomina el hábitat concentrado. La agricultura presenta una clara diferenciación entre cultivos de regadío y de secano:
La ganadería bovina y porcina es mayoritaria en Cataluña debido a la demanda urbana. La ovina y caprina son características de los secanos. También tiene importancia la ganadería de reses bravas en Andalucía.
Desde la incorporación de España a la Unión Europea en 1986, la agricultura española ha experimentado una profunda transformación bajo la influencia de la Política Agraria Comunitaria (PAC). Este marco regulatorio ha permitido a España acceder a importantes subvenciones europeas, como las del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria (FEOGA), destinadas a modernizar las explotaciones agrarias. Entre 2015 y 2020, el país recibió alrededor de 40.000 millones de euros, con un 30% de estos fondos enfocado en prácticas agrícolas sostenibles para proteger el medio ambiente.
La PAC establece precios máximos y mínimos para los productos agrarios, fomenta la producción mediante subvenciones y limita los excedentes con cuotas de producción. Además, protege el mercado europeo con aranceles a las importaciones, beneficiando a sectores como el hortofrutícola español, clave en las exportaciones. Sin embargo, esta política también ha generado desafíos: la eliminación de cuotas lácteas en 2014 provocó una caída de precios que perjudicó a los ganaderos, y la ampliación de la UE hacia el este redujo las ayudas destinadas a España.
A nivel regional, las zonas más perjudicadas han sido las dedicadas a la ganadería bovina (Cantábrico) y los cultivos tradicionales de secano (viñedo y cereal del interior), mientras que las regiones mediterráneas y andaluzas, especializadas en frutas y hortalizas, han sido las más favorecidas. En conjunto, la PAC ha impulsado la modernización del campo español, aunque con desigualdades y tensiones derivadas de su adaptación a las normas comunitarias.
Actualmente, el mundo rural enfrenta varios problemas: