Los Procesos Penales: Clasificación y Reglas para Determinar el Proceso Aplicable

Clasificación

Los procesos penales se dividen en:

1. Procesos Ordinarios

Sirven para enjuiciar una generalidad de conductas delictivas en función de la pena:

• Procedimiento por delitos graves: Enjuician delitos castigados con pena privativa de libertad superior a 9 años.
• Procedimiento abreviado: Enjuician delitos castigados con pena de prisión inferior a nueve años o penas de diferente naturaleza, cualquiera que sea su cuantía o duración.
• Juicio sobre delitos leves (anteriormente juicios de faltas): Para infracciones castigadas con penas leves.

2. Procesos Especiales

La ley contempla especialidades en función de los hechos, la persona encausada (aforados) o el tipo de delito:

• Procedimiento referente a los menores.
• Procedimiento ante el Tribunal del Jurado.
• Juicios sobre delitos leves específicos (anteriormente juicios de faltas especiales).

Reglas para Determinar el Proceso Aplicable

1. Regla 1ª: Determinar si estamos ante un proceso ordinario o especial.
2. Regla 2ª: Según la pena asignada al delito (o delito leve), determinar el procedimiento específico (enjuiciamiento rápido, sumario, abreviado, etc.).

Las Partes en el Proceso Penal

El Acusador Popular

En los procesos por delitos perseguibles de oficio (delitos públicos), cualquier ciudadano español puede ejercer la acción penal como parte activa junto al Ministerio Fiscal, interviniendo durante todo el procedimiento (art. 101 LECrim).

Requisitos:

• Subjetivos: Cualquier persona física española, sin necesidad de ser el perjudicado directo por el delito. Los extranjeros no pueden ejercer la acusación popular (salvo excepciones legales o tratados) y las personas jurídicas tampoco, excepto ciertas asociaciones y entidades legalmente habilitadas.
• Objetivos: No cabe en los delitos privados (perseguibles solo a instancia de parte). La personación se realiza mediante querella y se exige la prestación de fianza, cuya cuantía será proporcionada a las circunstancias del caso y a los medios económicos del querellante.

El Acusador Particular

Es la persona física o jurídica que, por haber sido ofendida o agraviada directamente por los hechos delictivos, se constituye en parte activa en el proceso penal instando el castigo del responsable criminal. Su relación directa con el delito lo diferencia del acusador popular.

Pueden ser acusadores particulares tanto los españoles como los extranjeros ofendidos por el delito.

Se adquiere la condición de acusador particular generalmente con la interposición de la querella, aunque en el procedimiento abreviado se permite la personación por otros medios sin necesidad de formular dicho escrito inicialmente.

El Acusador Privado

Es la parte acusadora necesaria en los procesos por delitos perseguibles únicamente a instancia del ofendido mediante querella, es decir, los delitos de calumnia e injuria contra particulares. En estos casos, queda excluida la intervención del Ministerio Fiscal como parte acusadora.

La condición de acusador privado se pierde por:

• Renuncia expresa.
• Perdón del ofendido (con los requisitos legales).
• Apartamiento de la querella.
• Ejercicio exclusivo de la acción civil (si implica renuncia a la penal).

El Actor Civil

Es toda persona o entidad (incluido el Ministerio Fiscal en ciertos casos) que ejercita en el proceso penal una pretensión de carácter patrimonial (responsabilidad civil) derivada del hecho delictivo.

Tienen legitimación para constituirse en actor civil:

• El Ministerio Fiscal (cuando legalmente proceda).
• El ofendido o perjudicado por el delito.
• Los herederos del ofendido o perjudicado.
• Los terceros que deban ser indemnizados por los daños y perjuicios derivados del delito.

La condición de actor civil se adquiere por declaración de voluntad expresa tras el ofrecimiento de acciones que realiza el órgano judicial. Se pierde si se renuncia expresamente a la acción civil, si se reserva su ejercicio para un proceso civil posterior o si se extingue la obligación de reparación o indemnización.

El Ministerio Fiscal

Es un órgano del Estado, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, al que la Constitución Española (art. 124) asigna las funciones de:

• Promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, ya sea de oficio o a instancia de parte.
• Velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.

El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.

Legitimación

Se le reconoce legitimación para ejercitar la acción penal en:

• Delitos públicos: Aquellos perseguibles de oficio.
• Delitos semipúblicos (o semiprivados): Aunque requieren la previa denuncia de la persona agraviada o su representante legal, una vez interpuesta, el Ministerio Fiscal debe intervenir y ejercer la acción penal.

Principios de Actuación

• Principio de legalidad: Su actuación debe someterse estrictamente a la ley. Debe ejercitar la acción penal siempre que existan indicios de delito y no concurra causa legal que lo impida.
• Principio de imparcialidad: Actúa en defensa del interés social y la legalidad objetiva. Debe investigar tanto las circunstancias de cargo como las de descargo. Puede instar el castigo del culpable, pero también solicitar la absolución del inocente, retirar la acusación durante el juicio oral si procede, o incluso interponer recursos a favor del reo si considera que la sentencia no es ajustada a derecho.

El Investigado o Encausado (anteriormente Imputado)

Se adquiere la condición de investigado (en la fase de instrucción) o encausado (en fases posteriores) desde el momento en que una resolución judicial atribuye a una persona determinada su presunta participación en unos hechos delictivos que son objeto de investigación.

Solo tienen capacidad para ser parte pasiva en el proceso penal las personas físicas vivas que posean la aptitud necesaria para participar de modo consciente en el juicio (comprender la acusación formulada contra ellas y ejercer su derecho de defensa).

Son causas que excluyen o modifican la responsabilidad penal (y por tanto afectan a la condición procesal): la minoría de edad penal y ciertas circunstancias relacionadas con la salud mental. En este último caso, se distingue:

• Si la persona cometió el presunto delito en estado de inimputabilidad (por ejemplo, enajenación mental) y esta persiste, se acordará el sobreseimiento libre por exención de responsabilidad criminal, pudiendo aplicarse medidas de seguridad.
• Si la alteración mental grave sobreviene después de cometer el delito e impide la continuación del procedimiento, este puede suspenderse hasta que recobre la salud, o adoptarse otras medidas según el caso y la fase procesal.

A lo largo del procedimiento, la persona investigada puede recibir distintas denominaciones según la fase procesal:

• Investigado: Durante la fase de instrucción, desde que se dictan resoluciones judiciales que le atribuyen participación en los hechos.
• Procesado: En el procedimiento ordinario por delitos graves (sumario), a partir del auto de procesamiento.
• Acusado: Una vez que se formula escrito de acusación contra él y se abre la fase de juicio oral.
• Condenado o Reo: Si recae sentencia firme condenatoria. Puede intervenir activamente en la fase de ejecución de la pena.

Diferencia entre Denuncia y Querella

La Denuncia (arts. 259 a 269 LECrim)

Es el acto mediante el cual se pone en conocimiento de la autoridad competente (Juez, Ministerio Fiscal o Policía Judicial) la existencia de un hecho que podría ser constitutivo de delito. Consiste en una mera declaración de conocimiento, no implica necesariamente el ejercicio de la acción penal ni la constitución como parte en el proceso por parte del denunciante.

Puede presentarse verbalmente o por escrito. Basta con que contenga el relato de los hechos presuntamente delictivos. Si se presenta verbalmente, se documenta. El denunciante debe identificarse y, generalmente, ratificar la denuncia si es requerido para ello.

La Querella (arts. 270 a 281 LECrim)

Es el acto procesal mediante el cual una persona (el querellante) pone en conocimiento del órgano jurisdiccional competente la noticia de un presunto delito, ejercita la acción penal y solicita formalmente la incoación del proceso penal, manifestando su voluntad de constituirse como parte acusadora en el mismo.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) exige el cumplimiento de requisitos formales específicos para su admisión (art. 277 LECrim), incluyendo generalmente la intervención de abogado y procurador.

Pueden interponer querella:

• El ofendido o perjudicado por el delito (como acusador particular o privado).
• Cualquier ciudadano español (como acusador popular en delitos públicos).
• El Ministerio Fiscal (en los casos legalmente previstos).
• Los extranjeros por delitos cometidos contra sus personas o bienes, o las personas o bienes de sus representados, conforme a la ley y tratados.

La querella debe presentarse ante el órgano judicial territorialmente competente (arts. 272, 14 y ss. LECrim).

En ciertos casos (como la acusación popular), se exige al querellante la prestación de fianza para responder de las resultas del juicio. Si no se presta la fianza requerida:

1. Si es un delito privado (injuria/calumnia), la falta de fianza (si fuera exigible) o el abandono pueden llevar al archivo de las actuaciones.
2. Si es un delito público o semipúblico, la falta de fianza por el acusador popular o particular no impide la continuación del proceso (que seguirá impulsado por el Ministerio Fiscal), pero el querellante que no afiance perderá su condición de parte acusadora. El abandono de la querella por parte de acusadores particulares o populares tampoco extingue el procedimiento si el delito es público o semipúblico y el Ministerio Fiscal mantiene la acusación.

Cuadro Comparativo: Denuncia vs. Querella

Denuncia (arts. 259-269 LECrim)	Querella (arts. 270-281 LECrim)
Generalmente concebida como un deber ciudadano (para quien presencia un delito público) y un derecho.	Concebida como un derecho (para ciudadanos, ofendidos) y un deber para el Ministerio Fiscal en ciertos casos.
Se puede formular ante el Ministerio Fiscal, la Policía Judicial o el Juzgado competente o de guardia.	Se formula necesariamente ante el Juez de Instrucción competente.
No exige requisitos formales especiales (puede ser verbal o escrita). No requiere abogado ni procurador.	Exige requisitos formales (art. 277 LECrim). Generalmente requiere firma de Abogado y Procurador.
Es un vehículo para transmitir la notitia criminis. No convierte automáticamente al denunciante en parte acusadora. El archivo de la causa no siempre se notifica al denunciante no personado.	Implica la voluntad de constituirse en parte acusadora. La inadmisión debe resolverse mediante auto motivado y notificarse al querellante.
No exige fianza.	Puede exigir fianza para determinados sujetos (ej. acusador popular) para responder de las resultas del juicio.
El denunciante (si no se persona después como acusación) no puede solicitar diligencias de investigación ni medidas cautelares por sí mismo.	El querellante, como parte acusadora, sí puede solicitar diligencias de investigación y la adopción de medidas cautelares.
El denunciante no se convierte en parte acusadora por el mero hecho de denunciar.	El querellante admitido se convierte en parte acusadora.