1. Principios Rectores del Mercado Interior

Los principios rectores del mercado interior son:

Principio de Progresividad

La instauración del Mercado Común debía hacerse de forma progresiva, con un período transitorio de 12 años. De manera similar, el Acta Única Europea (AUE) estableció en su artículo 14 un período que finalizó el 31/12/1992. Algo parecido se estableció en el Tratado de la Unión Europea (TUE) para lograr la Unión Económica y Monetaria, con tres fases hasta alcanzar la moneda común, período que duró hasta el 01/01/1999 para los países que cumplieron con los criterios de convergencia.

Principio de No Discriminación y Eliminación de Restricciones

Referencias a la no discriminación en derecho comunitario las encontramos en múltiples ocasiones. Ya desde el artículo 2 del TUE vemos que se erige en objetivo principal de la Unión Europea, además de ser requisito para ser miembro. Las referencias son constantes a este principio básico, como por ejemplo en el artículo 10 del TFUE y, por supuesto, en muchas sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Entre otras, destaca la Sentencia TJUE de 27/09/1988, Mateucci, en materia de becas a extranjeros europeos. Las discriminaciones pueden ser de hecho o de derecho, siendo discriminatorio el tratar de manera igual situaciones diferentes o de manera diferente situaciones iguales. Por tanto, los Estados están obligados a no introducir nuevas discriminaciones en sus interrelaciones y a introducir cláusulas stand-still respecto a cualquier posible discriminación que pudiera existir. Todas estas discriminaciones se producen en el interior de los Estados miembros y se pretende que los nacionales de los Estados miembros sean tratados de igual forma con independencia del país de origen y del de residencia.

Principio de Equivalencia en las Condiciones de Acceso al Mercado

Dicho esto, se debe resaltar que, en la línea de lo que nos marca el propio artículo del TFUE, el mercado interior es una idea inacabada que se va realizando progresivamente y progresando con el cambio de la técnica o con el acercamiento de las economías de la Unión Europea.

2. Etapas de Integración Económica Internacional

La teoría de la integración económica internacional identifica un proceso de aproximación creciente entre las economías nacionales, mediante el cual los Estados ceden progresivamente competencias soberanas para lograr una cooperación más estrecha. Este proceso se desarrolla en distintas etapas que reflejan niveles progresivos de integración económica:

• Zona de libre comercio: Consiste en la eliminación de barreras arancelarias y restricciones cuantitativas entre los Estados miembros, pero manteniendo cada uno su propia política comercial exterior. No hay arancel exterior común.
  Ejemplo: EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio).
• Unión aduanera: Se eliminan también las barreras internas, pero además se adopta un arancel exterior común frente a terceros países. Esto requiere un cierto grado de coordinación en política comercial y aduanera.
  Ejemplo: Benelux, y posteriormente la Comunidad Económica Europea (CEE).
• Mercado común: Se incorporan, además de la unión aduanera, las cuatro libertades fundamentales: libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales. Se requiere la eliminación de barreras técnicas, fiscales y jurídicas.
  Ejemplo: Unión Europea desde el Acta Única Europea (1986) y reforzada por el Tratado de Maastricht (1992).
• Unión económica: Implica una coordinación e incluso armonización de las políticas económicas nacionales (monetarias, fiscales y presupuestarias). Se introducen mecanismos de gobernanza común como el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
  Ejemplo: Eurozona.
• Unión política: Supone la cesión de soberanía hacia una autoridad política común. Se crean instituciones supranacionales que gestionan asuntos exteriores, defensa, justicia y economía bajo una misma estructura federal o cuasi federal.
  Ejemplo hipotético: una Europa federal (modelo similar al de EE.UU.).

Estas etapas no se aplican de forma lineal y automática, sino que pueden coexistir distintos niveles de integración en función del grado de compromiso asumido por los Estados.

3. Criterios de Convergencia para la Adopción del Euro

Los criterios de convergencia nominal, también conocidos como criterios de Maastricht, están recogidos en el artículo 140 TFUE y en el Protocolo n.° 13. Son los requisitos económicos y jurídicos que debe cumplir un Estado miembro para incorporarse a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, es decir, para adoptar el euro como moneda. Estos criterios son:

1. Estabilidad de Precios (Inflación Controlada)

   La tasa de inflación del país candidato no debe superar en más de 1,5 puntos porcentuales la media de los tres Estados miembros con mayor estabilidad de precios en el año precedente.

2. Finanzas Públicas Saneadas

   • Déficit público: no debe superar el 3% del PIB.
   • Deuda pública: no debe exceder del 60% del PIB, o al menos debe mostrar una tendencia sostenida de reducción hacia ese valor.

3. Estabilidad del Tipo de Cambio

   El Estado debe haber participado al menos dos años sin fuertes tensiones en el Mecanismo de Tipos de Cambio (MTC II), sin devaluar su moneda respecto al euro.

4. Tipos de Interés a Largo Plazo

   El tipo de interés nominal a largo plazo no debe superar en más de 2 puntos porcentuales el de los tres Estados miembros con menor inflación.

5. Requisitos Institucionales y Jurídicos

   El banco central del país debe ser independiente y estar jurídicamente preparado para integrarse en el Sistema Europeo de Bancos Centrales. Además, deben existir normas que garanticen el cumplimiento de los criterios anteriores de manera duradera.

Estos criterios no solo garantizan la estabilidad macroeconómica, sino también la cohesión y sostenibilidad del área monetaria común.

4. Los Cuatro Pilares del Mercado Interior Europeo (Artículo 26 TFUE)

El artículo 26, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece de forma clara que:

«El mercado interior implicará un espacio sin fronteras interiores en el que estará garantizada la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales.»

Estos son los cuatro pilares fundamentales sobre los que se construye el mercado interior europeo:

• Libre circulación de mercancías: Prohíbe los derechos de aduana, las restricciones cuantitativas y cualquier medida de efecto equivalente entre Estados miembros, asegurando que los productos puedan moverse sin obstáculos dentro de la Unión.
• Libre circulación de personas: Permite que los ciudadanos de la Unión residan, trabajen, estudien o se establezcan en cualquier Estado miembro sin necesidad de autorización previa, con ciertos límites en materia de orden público, seguridad y salud.
• Libre circulación de servicios: Autoriza a los prestadores de servicios (profesionales, empresas, etc.) a operar libremente en el territorio de la UE, incluso sin necesidad de establecerse permanentemente en el Estado de destino.
• Libre circulación de capitales: La eliminación de todas las restricciones a los movimientos de capitales y pagos, tanto entre Estados miembros como entre estos y terceros países, permitiendo inversiones transfronterizas, adquisición de bienes y servicios financieros sin trabas.

5. Definición de Mercancía en el Derecho de la Unión Europea

La noción de «mercancía» en el ámbito del Derecho de la Unión Europea ha sido definida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en su jurisprudencia clásica. En particular, en la sentencia de 10 de diciembre de 1968, asunto 7/68 (Obras de arte), se definió mercancía como:

«Todo producto que sea estimable en dinero y susceptible de ser objeto de transacciones comerciales.»

Este concepto es amplio e incluye bienes corporales de cualquier naturaleza, incluso aquellos que tradicionalmente no se consideran como mercancías en los ordenamientos internos, como los residuos tóxicos, las monedas sin curso legal o los objetos de colección. Se excluyen, no obstante, elementos como los servicios, que se regulan bajo la libre prestación del artículo 56 TFUE.

En resumen, para que algo sea considerado mercancía debe reunir tres características esenciales: materialidad, valor económico y comerciabilidad.

6. Noción de Producto y Libre Práctica en la UE

La noción de producto está íntimamente relacionada con la de mercancía, y abarca tanto productos manufacturados como materias primas, siempre que sean aptos para el intercambio comercial.

Por su parte, el concepto de libre práctica se refiere a aquellos productos originarios de terceros países (fuera de la UE) que, tras haber sido importados, han satisfecho todas las formalidades aduaneras y tributarias exigidas por el Estado miembro de importación, conforme al artículo 29 del TFUE, el cual establece:

«Se considerarán productos en libre práctica aquellos que hayan satisfecho en el Estado miembro correspondiente todos los derechos de aduana y exacciones de efecto equivalente y no se hayan beneficiado de una devolución total o parcial de los mismos.»

Una vez que un producto entra en libre práctica, circula en igualdad de condiciones que un producto comunitario y goza plenamente del principio de libre circulación dentro del territorio de la Unión Europea.

7. Anomalías Aduaneras en la Unión Europea

Las anomalías aduaneras son situaciones especiales que se presentan en el contexto de la Unión Aduanera y que permiten que determinados productos no sigan el régimen general de libre circulación inmediata. Entre ellas destacan:

• Depósito aduanero: Es un régimen que permite introducir productos procedentes de terceros países en el territorio de la Unión sin pago de derechos de aduana, siempre que se mantengan bajo control aduanero en un lugar autorizado. Durante este período (máximo 5 años), las mercancías no se consideran como parte del territorio aduanero de la Unión.
• Régimen de admisión temporal: Permite introducir en un Estado miembro mercancías extracomunitarias con exoneración total o parcial de derechos aduaneros cuando dichas mercancías tienen un destino específico y temporal, por ejemplo, para ferias, exhibiciones o trabajos técnicos. Posteriormente deben ser reexportadas, despachadas o destruidas bajo control.

Estas figuras tienen como objetivo facilitar el comercio internacional y proteger los intereses económicos y administrativos de los Estados miembros.

8. Exacciones de Efecto Equivalente

Las exacciones de efecto equivalente son cargas pecuniarias impuestas por los Estados miembros que, sin constituir formalmente un derecho de aduana, tienen efectos similares, obstaculizando el comercio entre los Estados miembros.

Esta figura fue definida por el TJUE en el asunto Commission c. Italy (1969) como:

«Toda prestación pecuniaria impuesta unilateralmente por un Estado miembro en razón del paso de una mercancía, aunque no sea un derecho de aduana en sentido estricto, y aun cuando no se aplique a productos nacionales.»

Están prohibidas por el artículo 30 del TFUE, junto a los propios derechos de aduana.

Son ejemplos de exacciones equivalentes:

• Cánones de inspección obligatoria no justificados.
• Tasas por documentación o formalidades fronterizas innecesarias.
• Gravámenes que no representen una contraprestación real al comerciante.

Solo son válidas si constituyen retribución por un servicio real, proporcionado, voluntario y específico.

9. Excepciones a la Libre Circulación de Mercancías

Aunque la libre circulación de mercancías es uno de los pilares fundamentales del mercado interior, el artículo 36 del TFUE contempla excepciones justificadas a esta libertad, bajo las siguientes causas:

• Moralidad pública
• Orden público o seguridad pública
• Protección de la salud y la vida de las personas y de los animales, así como de los vegetales
• Protección del patrimonio nacional artístico, histórico o arqueológico
• Protección de la propiedad industrial y comercial

No obstante, estas excepciones están limitadas por el principio de proporcionalidad y no deben constituir discriminación arbitraria ni restricciones encubiertas al comercio.

Además, la jurisprudencia del TJUE ha reconocido otras «razones imperiosas de interés general» (como la protección del medio ambiente o del consumidor) que pueden justificar restricciones siempre que cumplan los criterios de necesidad y proporcionalidad.

10. Criterios para Determinar la Discriminación Tributaria

Los tributos internos están regulados en el artículo 110 del TFUE, que prohíbe a los Estados miembros imponer tributos internos a productos de otros Estados en condiciones más gravosas que a los productos nacionales similares.

Un tributo es discriminatorio cuando:

• Trata de forma desigual a productos similares sin una justificación objetiva.
• Favorece artificialmente la producción nacional, perjudicando las importaciones.
• Tiene como efecto directo o indirecto disuadir a los consumidores de adquirir productos de otros Estados miembros.

Para evaluar la discriminación o protección indirecta, el TJUE ha establecido los siguientes criterios:

• Comparación entre productos nacionales y productos importados respecto al tipo de producto, función, precio y demanda.
• Verificación de si la carga tributaria recae de forma más gravosa sobre los productos importados.
• Evaluación del efecto práctico de la medida, más allá de su forma jurídica.

Cuando se constata que un tributo persigue, directa o indirectamente, un efecto protector del producto nacional frente al importado, se considera incompatible con el mercado interior y, por tanto, contrario al Derecho de la Unión.

11. Diferencia entre Migrante y Refugiado

La principal diferencia entre un migrante y un refugiado radica en el motivo de su desplazamiento. El migrante es una persona que se traslada a otro país, generalmente desde un tercer Estado, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida, buscar empleo u oportunidades económicas. Su movilidad obedece, por tanto, a razones voluntarias y económicas.

En cambio, el refugiado es aquel individuo que huye de su país de origen debido a una persecución, conflicto armado, violencia generalizada u otras circunstancias que ponen en riesgo su vida, libertad o integridad. A diferencia del migrante, el refugiado se encuentra en una situación de necesidad internacionalmente protegida, lo que justifica su amparo dentro del marco del Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia, conforme a los artículos 67 a 89 del TFUE y a partir del Tratado de Ámsterdam.

12. Restricciones a la Libre Circulación de Personas

La libre circulación de personas dentro de la Unión Europea puede ser objeto de restricciones únicamente por razones de orden público, seguridad pública o salud pública, conforme a lo dispuesto en la Directiva 2004/38. Estas restricciones deben aplicarse de manera estricta, proporcional y respetuosa con los derechos fundamentales.

En materia de salud pública, solo se consideran justificadas aquellas enfermedades con potencial epidémico según la OMS, y únicamente si se manifiestan durante los tres primeros meses desde la entrada en el país.

En cuanto al orden público y la seguridad pública, se exige que exista una amenaza real, actual y suficientemente grave para un interés fundamental del Estado. No basta con la mera existencia de antecedentes penales; debe haber un comportamiento personal concreto que justifique la medida.

Además, no se admiten restricciones por motivos económicos, y cualquier medida adoptada debe ir acompañada de garantías procedimentales como el derecho a recurso, notificación motivada y derecho de reingreso tras un periodo de tres años.

13. Ámbito Subjetivo de la Libertad de Circulación de Personas: Requisitos por Duración

La libertad de circulación y residencia reconocida por la Directiva 2004/38 distingue entre estancias de hasta tres meses y superiores a tres meses en un Estado miembro distinto del de nacionalidad.

Estancia de hasta 3 meses

El único requisito es poseer un documento nacional de identidad o pasaporte en vigor. Durante este periodo no se exige disponer de recursos económicos ni seguro médico.

Estancia superior a 3 meses

El ciudadano debe cumplir alguno de los siguientes supuestos:

• Ser trabajador por cuenta ajena o propia.
• Ser demandante de empleo tras haber trabajado al menos un año, encontrarse en convalecencia médica o en formación relacionada con el empleo anterior.
• Ser estudiante, estando debidamente matriculado y disponiendo de recursos suficientes y seguro de enfermedad.
• Ser inactivo económicamente, como los pensionistas, siempre que cuente con recursos suficientes y cobertura sanitaria para sí mismo y su familia.

Para obtener el derecho de residencia permanente, se exige haber residido legalmente durante cinco años consecutivos en el Estado de acogida, sin ausencias superiores a dos años.

14. Exclusión a los Empleos Públicos en la UE

La libre circulación de trabajadores en la Unión Europea, regulada en los artículos 45 a 48 del TFUE, incluye el derecho a acceder a cualquier empleo en otro Estado miembro, salvo los empleos en la administración pública, conforme a la excepción prevista en el artículo 45.4 TFUE.

Dicha exclusión se justifica porque ciertos empleos públicos implican el ejercicio de funciones relacionadas con el poder público o los intereses generales del Estado, y no persiguen una finalidad económica. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha establecido que esta excepción debe interpretarse de forma restrictiva, para evitar que los Estados miembros la apliquen arbitrariamente y vulneren el derecho a la libre circulación.

Así, solo se pueden excluir aquellos puestos estrictamente vinculados al ejercicio de autoridad y a la defensa del interés general, y no cualquier empleo público en sentido amplio (Sentencia TJUE Sotgiu, 12/02/1974).

15. Definición del Derecho de Establecimiento

El derecho de establecimiento, regulado por los artículos 49 a 54 del TFUE, consiste en la libertad de acceso y ejercicio de actividades económicas no asalariadas en otro Estado miembro, incluyendo la creación y gestión de empresas bajo las mismas condiciones que los nacionales. Implica la instalación estable y permanente en el Estado de acogida con el objetivo de ejercer una actividad económica.

Puede ejercerse a título principal (creación directa de un despacho o traslado de una sede) o secundario (apertura de sucursales, filiales o agencias).

16. Definición de la Libre Prestación de Servicios

La libre prestación de servicios, recogida en los artículos 56 a 62 del TFUE, es la realización de una actividad económica no asalariada de forma temporal y sin instalación estable en el Estado miembro de destino. El servicio puede ser prestado desplazándose el prestador, el destinatario o incluso sin desplazamiento físico, mediante medios como teléfono o internet. A diferencia del establecimiento, esta libertad tiene un carácter transitorio, y se aplica incluso cuando el prestador mantiene su sede en otro Estado miembro.

17. Diferencia entre Movimientos de Capital y Pagos Corrientes

La diferencia entre movimientos de capital y pagos corrientes fue clarificada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el caso Luisi y Carbone (1984). Según esta distinción:

Los pagos corrientes son transferencias monetarias que se efectúan como contraprestación directa dentro de una transacción económica, como por ejemplo el pago por la compra de bienes o servicios. Son, por tanto, operaciones vinculadas a una relación comercial o contractual ya existente.

En cambio, los movimientos de capital son operaciones financieras cuyo objetivo principal es invertir o colocar fondos, y no remunerar una transacción inmediata. Su naturaleza es estructural, pues implican la intención de transferir riqueza con fines de inversión, ahorro o financiación, como ocurre en la compra de acciones, bonos, inmuebles o apertura de cuentas en el extranjero.

Esta distinción es clave, ya que las restricciones a los capitales no pueden, en ningún caso, afectar a los pagos corrientes, los cuales gozan de mayor protección en el ordenamiento comunitario.

18. Prohibición de Restricciones a los Movimientos de Capitales

La libre circulación de capitales está consagrada en el artículo 63 del TFUE, el cual establece de forma categórica que:

«Quedan prohibidas todas las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros, y entre Estados miembros y terceros países.»

Además, se extiende esta prohibición a los pagos asociados a dichos movimientos.

Esta libertad tiene eficacia directa, lo que significa que puede ser invocada por los particulares ante los tribunales nacionales para impugnar cualquier norma o práctica nacional contraria a este principio. Así lo ha confirmado el TJUE en la sentencia Sanz de Lera (1995), reafirmando que no se requiere una norma interna de transposición, dado que el precepto es lo suficientemente claro, preciso e incondicional.

19. Excepciones a la Prohibición de Restricciones a los Movimientos de Capitales

A pesar de que el artículo 63 del TFUE establece la prohibición absoluta de restricciones a los movimientos de capitales tanto entre Estados miembros como entre estos y terceros países, el propio Tratado y la jurisprudencia del TJUE reconocen determinadas excepciones en los artículos 64, 65, 66 y 75 del TFUE, que actúan como límites a esta libertad.

Estas excepciones son:

1. Artículo 64 TFUE – Régimen Transitorio con Terceros Países

   Este precepto permite mantener restricciones preexistentes a los movimientos de capitales con países terceros en los siguientes ámbitos:

   • Inversiones directas.
   • Servicios financieros.
   • Admisión de valores en mercados de capitales.

   Estas restricciones solo son válidas si estaban vigentes antes del 31 de diciembre de 1993, y únicamente respecto a países fuera de la Unión Europea.

2. Artículo 65 TFUE – Medidas Fiscales y de Control

   Permite a los Estados miembros:

   • Aplicar diferencias fiscales basadas en la residencia fiscal o el lugar de inversión, siempre que no se funden en la nacionalidad.
   • Adoptar medidas necesarias para:
     • Prevenir infracciones en materia fiscal (fraude o evasión).
     • Luchar contra el blanqueo de capitales.
     • Controlar operaciones financieras en aras del orden público o la seguridad pública.

   No obstante, dichas medidas no deben constituir medios de discriminación arbitraria ni restricción encubierta a la libre circulación de capitales.

3. Artículo 75 TFUE – Lucha contra el Terrorismo

   Este artículo prevé la adopción por parte del Consejo, mediante procedimiento legislativo especial, de medidas restrictivas de carácter administrativo, tales como:

   • Congelación de fondos, activos financieros o beneficios económicos pertenecientes a personas físicas o jurídicas, entidades u organismos implicados en actividades terroristas.

   Estas medidas se enmarcan dentro del espacio de libertad, seguridad y justicia.

20. Cláusula o Medida de Salvaguardia

La cláusula de salvaguardia prevista en el artículo 66 del TFUE permite al Consejo adoptar, a propuesta de la Comisión y previa consulta al BCE, medidas temporales (máximo 6 meses) para restringir movimientos de capitales con terceros países, cuando existan circunstancias excepcionales que amenacen gravemente el funcionamiento de la unión económica y monetaria. Estas medidas deben ser estrictamente necesarias y proporcionales a la amenaza detectada (por ejemplo, en situaciones de crisis financiera).

21. Ámbitos de Aplicación de la Política de Competencia de la UE

La política de competencia de la Unión Europea se aplica fundamentalmente en tres grandes ámbitos:

• Control de los acuerdos entre empresas (Artículo 101 del TFUE): Se prohíben todos aquellos acuerdos entre empresas, decisiones de asociaciones y prácticas concertadas que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear la competencia dentro del mercado interior.
• Abuso de posición dominante (Artículo 102 del TFUE): Se sanciona la explotación abusiva por parte de una o varias empresas que ostenten una posición dominante en el mercado, cuando dicha conducta pueda afectar negativamente al comercio entre los Estados miembros.
• Control de las ayudas estatales (Artículo 107 del TFUE): Se prohíbe a los Estados miembros conceder ayudas públicas que, mediante fondos estatales, puedan falsear la competencia favoreciendo determinadas empresas o sectores, salvo en los casos expresamente permitidos por los Tratados.

22. Definición de Empresa según el TJUE

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) establece que se entiende por empresa toda entidad que ejerza una actividad económica, independientemente de su forma jurídica o de su modo de financiación. Esta definición amplia permite incluir tanto a empresas privadas como públicas, organizaciones sin ánimo de lucro e incluso a personas físicas, siempre que participen en el mercado ofreciendo bienes o servicios.

23. Excepciones a la Prohibición General de Ayudas Públicas

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea contempla ciertas excepciones a la prohibición general de ayudas públicas:

• Ayudas de carácter social otorgadas a consumidores individuales, siempre que se concedan sin discriminación basada en el origen de los productos.
• Ayudas destinadas a reparar daños provocados por desastres naturales o acontecimientos excepcionales.
• Ayudas concedidas a ciertas regiones de Alemania afectadas por la división del país, con el fin de compensar las desventajas económicas derivadas de dicha situación histórica.

Estas excepciones están contempladas en el artículo 107.2 del TFUE, y permiten cierta flexibilidad en situaciones justificadas.

24. Prohibición de Ayudas Públicas: Concepto, Justificación y Excepciones

Una ayuda pública es cualquier ventaja económica otorgada por un Estado o mediante fondos estatales a determinadas empresas o producciones, bajo cualquier forma, que pueda falsear o amenazar con falsear la competencia, favoreciendo a determinados sectores frente a otros.

Están prohibidas por el artículo 107.1 del TFUE porque pueden distorsionar los intercambios comerciales entre los Estados miembros y atentar contra el funcionamiento del mercado interior.

Existen excepciones a esta prohibición recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 107 del TFUE, donde se permiten ayudas por razones sociales, por desastres naturales, o para el desarrollo económico de ciertas regiones desfavorecidas.

25. Objetivos de la Política de Competencia de la Unión Europea

Los principales objetivos de la política de competencia de la Unión Europea son:

• Garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior.
• Impedir prácticas empresariales que puedan falsear la competencia.
• Controlar las ayudas estatales que puedan distorsionar el comercio entre Estados miembros.
• Proteger a los consumidores mediante precios justos, mayor calidad y mayor variedad de productos y servicios.
• Fomentar la innovación, el progreso tecnológico y la eficiencia económica.

26. Definición de Productos Agrícolas

Según el artículo 38 del TFUE, por productos agrícolas se entienden los productos de la tierra, de la ganadería y de la pesca, así como los productos de primera transformación directamente relacionados con aquellos. Los productos de la pesca están englobados en una política autónoma pero se benefician del régimen jurídico agrícola.

27. Objetivos de la Política Agrícola Común (PAC)

El artículo 39 del TFUE establece que los objetivos de la Política Agrícola Común (PAC) son:

• Aumentar la productividad agrícola promoviendo el progreso técnico y el desarrollo racional de la producción agrícola.
• Garantizar un nivel de vida equitativo a los agricultores.
• Estabilizar los mercados agrícolas.
• Asegurar la disponibilidad de los abastecimientos.
• Garantizar que los suministros lleguen a los consumidores a precios razonables.

28. Los Pilares de la Política Agrícola Común (PAC)

La PAC se estructura actualmente en dos pilares principales y una evolución reglamentaria que puede considerarse como un tercer elemento organizativo:

• Primer pilar: Pagos directos a las explotaciones agrarias a través del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA).
• Segundo pilar: Desarrollo rural, gestionado mediante el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
• Tercer pilar (reglamentario): Conjunto de reformas legales como los reglamentos 1303, 1305, 1306, 1307 y el Reglamento Omnibus 2017/2393, que estructuran los mecanismos operativos de la PAC.

29. Principios de la Política Medioambiental de la Unión Europea

Los principios básicos que fundamentan la política medioambiental de la Unión Europea, tal como se recogen en el temario, son los siguientes:

• Principio de precaución.
• Principio de que quien contamina paga.
• Principio de participación e información al público.

30. La Organización Común de Mercado (OCM): Concepto y Ámbito

La Organización Común de Mercado (OCM) forma el esqueleto de la PAC. Con la base jurídica del artículo 40 TFUE, se fueron desarrollando a partir del año 1962 y progresivamente se fueron creando para el desarrollo de diferentes productos agrícolas, llegando a crearse hasta 21 que adoptaban la forma jurídica de reglamento.

Desde los inicios, el objetivo de la Organización Común de Mercado era garantizar el abastecimiento y unos ingresos estables a los agricultores. Asimismo, la OCM actual, tras la reforma del año 2007, se centra en crear una red de seguridad para los agricultores y ganaderos, introduciendo herramientas de apoyo a los mercados, programas de ayudas para determinados sectores, alentando la colaboración entre productores e incluso estableciendo normas comunes de comercialización.

Tres elementos influyen en las OCM: el régimen de precios, los mecanismos de intervención sobre el mercado interior y el régimen de intercambios con los países terceros. En particular, los productos agrícolas procedentes de países en desarrollo se ven beneficiados por reducciones arancelarias, de manera que penetran en la UE a unos precios mucho más bajos que los manejados en la Unión para los productos aquí producidos.