La Transición Democrática Española (1975-1978)

La Transición política española fue el complejo proceso de cambio que permitió transformar el régimen dictatorial franquista en una democracia parlamentaria. Se inició con la muerte del general Francisco Franco en noviembre de 1975 y culminó, según la mayoría de los historiadores, con la aprobación de la Constitución de 1978. Este proceso fue pacífico, negociado y liderado por figuras clave como el rey Juan Carlos I y Adolfo Suárez, y supuso una de las etapas más relevantes de la historia reciente de España.

El inicio del cambio: Juan Carlos I y Adolfo Suárez

Tras el fallecimiento de Franco el 20 de noviembre de 1975, se abrió una nueva etapa marcada por la incertidumbre. Aunque había sido designado por el dictador como su sucesor, el rey Juan Carlos I mostró desde el principio su voluntad de impulsar una apertura democrática. En contra de las expectativas del llamado “búnker” franquista, el rey cesó a Carlos Arias Navarro y nombró a Adolfo Suárez presidente del Gobierno en julio de 1976. Suárez, procedente del franquismo, se convirtió en una figura esencial para desmontar el sistema autoritario desde dentro.

La reforma política y las primeras elecciones

La estrategia política de Suárez se basó en una reforma legal y pactada, sin ruptura con el aparato del régimen. La pieza clave fue la Ley para la Reforma Política, aprobada por las Cortes franquistas y ratificada por el pueblo en referéndum en diciembre de 1976. Esta ley abría la puerta a la democracia al reconocer los derechos fundamentales, permitir elecciones libres y abrir un proceso constituyente. A partir de su aprobación, se produjo una rápida legalización de partidos políticos, incluida la del Partido Comunista de España (PCE), que generó gran controversia, sobre todo en el ámbito militar. También se decretó una amnistía para los presos políticos, lo que contribuyó a aumentar el clima de reconciliación nacional.

El 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas desde la Segunda República. El resultado fue la victoria de la Unión de Centro Democrático (UCD), una coalición liderada por Suárez. El nuevo Parlamento tenía un carácter constituyente, con la misión de redactar una Constitución democrática. El contexto, sin embargo, era sumamente complejo. La crisis económica derivada de la recesión internacional, con inflación elevada, aumento del paro y déficit público, generaba una elevada conflictividad laboral. A esto se sumaban las amenazas del terrorismo de ETA, los atentados de la extrema derecha y la tensión dentro del propio ejército, que mantenía una vigilancia constante del proceso de cambio.

Desafíos y consensos: La Matanza de Atocha y los Pactos de la Moncloa

Uno de los episodios más críticos fue la Semana Trágica de enero de 1977, cuando se produjeron enfrentamientos, asesinatos de estudiantes en manifestaciones y la Matanza de Atocha, en la que cinco abogados laboralistas fueron asesinados por pistoleros de extrema derecha. A pesar de estas tensiones, el gobierno de Suárez logró mantener el proceso mediante la moderación, el diálogo con la oposición y el compromiso de amplios sectores de la sociedad civil.

En este contexto se firmaron los Pactos de la Moncloa, en octubre de 1977. Se trató de un acuerdo económico y social entre el gobierno, los principales partidos políticos, los sindicatos y la patronal. Estos pactos perseguían frenar la inflación, controlar el gasto público y garantizar la estabilidad social. Aunque sus resultados económicos fueron moderados, su importancia política fue enorme, ya que consolidaron una cultura del consenso que permitió avanzar hacia la democracia.

La Constitución de 1978: Cierre de la Transición

La culminación de la Transición fue la aprobación de la Constitución de 1978. Redactada por una comisión parlamentaria que incluyó a representantes de UCD, PSOE, PCE, AP y nacionalistas catalanes, la Constitución fue votada favorablemente en referéndum el 6 de diciembre de ese año. El texto reconocía a España como un Estado social y democrático de derecho, proclamaba la soberanía nacional, establecía un sistema parlamentario y declaraba un amplio conjunto de derechos y libertades. También reconocía el pluralismo político y abría la vía al desarrollo del Estado de las Autonomías, satisfaciendo las demandas de las nacionalidades históricas.

En conclusión, la Transición fue un proceso exitoso y modélico que logró establecer una democracia moderna, inclusiva y estable. Frente a un pasado de enfrentamientos civiles y dictadura, se impuso la voluntad de consenso y diálogo. La figura del rey, el liderazgo de Suárez y la responsabilidad de las fuerzas políticas fueron determinantes para construir un nuevo régimen basado en la legalidad, la participación ciudadana y el respeto a la diversidad territorial y política del país.

La Constitución de 1978 y los Primeros Gobiernos Democráticos (1978-1982)

Con la aprobación de la Constitución de 1978 se puso fin jurídicamente al régimen franquista y se inició una nueva etapa institucional. La Constitución fue la consecuencia directa del proceso de reforma iniciado tras la muerte de Franco y plasmó el consenso alcanzado entre las principales fuerzas políticas del país. El nuevo texto legal marcaba el nacimiento de un sistema democrático, moderno y pluralista, que serviría de base para la convivencia durante las décadas siguientes.

Elaboración y principios constitucionales

La elaboración del texto constitucional fue llevada a cabo por una ponencia parlamentaria formada por siete diputados, conocidos como los Padres de la Constitución. Representaban a una amplia gama de ideologías: desde la derecha (Manuel Fraga, AP) hasta la izquierda (Jordi Solé Tura, PCE), pasando por el socialismo (Gregorio Peces-Barba), el nacionalismo catalán (Miquel Roca) y el centro político (Gabriel Cisneros, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, José Pedro Pérez-Llorca, UCD). El resultado fue un texto de consenso, deliberadamente abierto en cuestiones controvertidas como la educación, el modelo territorial o la posición de la Iglesia. Fue aprobado por las Cortes en octubre de 1978 y ratificado por la ciudadanía en referéndum el 6 de diciembre, con un 87,8% de votos favorables.

La Constitución proclamó a España como un Estado social y democrático de derecho, basado en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Estableció la monarquía parlamentaria como forma de gobierno, reconociendo al Rey como jefe del Estado sin poderes ejecutivos, y garantizó la soberanía nacional en el pueblo español. Declaró una extensa carta de derechos y libertades fundamentales, y creó instituciones clave como el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y el Consejo General del Poder Judicial. Además, reconoció el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, iniciando el proceso autonómico a través de dos vías diferenciadas según el artículo 143 (vía lenta) o el artículo 151 (vía rápida).

El segundo gobierno de Suárez y la inestabilidad política

Una vez aprobada la Constitución, se celebraron nuevas elecciones generales en marzo de 1979. La UCD volvió a ganar, pero sin mayoría absoluta. Suárez formó su segundo gobierno democrático con el objetivo de aplicar y desarrollar el nuevo marco constitucional. Durante esta legislatura se aprobaron leyes clave para consolidar el sistema, como:

• La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
• La Ley Orgánica del Poder Judicial
• La Ley de Partidos Políticos
• La Ley del Divorcio
• Los primeros Estatutos de Autonomía de Cataluña y el País Vasco

A pesar de estos avances, el periodo 1979–1982 fue políticamente inestable. La UCD sufrió una progresiva descomposición interna, debido a la falta de cohesión ideológica entre sus miembros y las tensiones entre los sectores democristianos, liberales y socialdemócratas. Paralelamente, aumentaron las presiones desde el ejército, molesto por la legalización del PCE, la descentralización autonómica y el avance del terrorismo de ETA.

El clima social también se volvió tenso. La crisis económica, el desempleo, las huelgas y la inseguridad generada por los atentados terroristas provocaron descontento ciudadano. La oposición, especialmente el PSOE, se distanció del pacto inicial de la Transición y presentó una moción de censura en 1980, que aunque fracasó, sirvió para consolidar el liderazgo de Felipe González.

La dimisión de Suárez y el 23-F

En enero de 1981, Suárez dimitió acosado por las presiones de su propio partido, de los militares y de una parte de la sociedad. Su sucesor fue Leopoldo Calvo-Sotelo, que asumió el cargo en un momento de gran incertidumbre. Su investidura se vio interrumpida por el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, protagonizado por el teniente coronel Antonio Tejero, quien irrumpió armado en el Congreso de los Diputados. El golpe fracasó gracias a la intervención decidida del rey Juan Carlos I, que, mediante un mensaje televisado, reafirmó su compromiso con la legalidad constitucional.

El gobierno de Calvo-Sotelo fue breve. Durante su mandato se aprobó la entrada de España en la OTAN y la Ley del Divorcio, que legalizaba por primera vez esta institución desde la Segunda República. Sin embargo, el desgaste del sistema político, la fragmentación del centro político y la aparición de nuevas fuerzas llevaron a una gran derrota de la UCD en las elecciones de 1982. El PSOE logró una mayoría absoluta con 202 escaños y puso fin a esta primera etapa de gobiernos democráticos.

En definitiva, el periodo 1978–1982 fue clave para la consolidación del sistema constitucional en España. Pese a las enormes dificultades, se mantuvo el orden institucional, se desarrolló el Estado de las Autonomías y se frenaron los intentos involucionistas. La aprobación de la Constitución y su aplicación práctica supusieron un éxito democrático sin precedentes en la historia contemporánea del país.

La Etapa Socialista: Modernización y Desafíos (1982-1996)

Las elecciones generales del 28 de octubre de 1982 marcaron un hito en la historia democrática de España. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), liderado por Felipe González, obtuvo una mayoría absoluta sin precedentes con 202 escaños, lo que significó el comienzo de una larga etapa de hegemonía socialista que se extendió durante catorce años. Esta etapa se caracterizó por la modernización del país, el desarrollo del Estado del bienestar, la consolidación del sistema democrático y la integración de España en Europa, aunque también por escándalos de corrupción y una crisis de legitimidad en sus últimos años.

Transformación económica y social

El PSOE llegó al poder con un ambicioso programa de transformación. Uno de sus principales objetivos fue la modernización económica. En sus primeros años de gobierno, el Ejecutivo socialista adoptó políticas que rompían con la tradición estatista de la izquierda, como la reconversión industrial y las privatizaciones. Sectores enteros de la industria pesada —como la siderurgia, la minería, el sector naval o el textil— fueron reestructurados, con miles de despidos. A la vez, se inició un proceso de liberalización económica y saneamiento de las empresas públicas. Estas políticas causaron un gran malestar social y una fuerte ruptura entre el Gobierno y los sindicatos, especialmente la UGT, que había sido históricamente aliada del PSOE. Este distanciamiento se hizo visible en la huelga general del 14 de diciembre de 1988, la más importante desde la restauración de la democracia.

A pesar de estos conflictos, la economía española experimentó un crecimiento sostenido a partir de la segunda mitad de los años 80. Se produjo una mejora notable en las infraestructuras del país, como carreteras, puertos, aeropuertos, redes de telecomunicaciones y servicios urbanos. Además, el PSOE impulsó el desarrollo del Estado del bienestar, con importantes avances en sanidad, educación y pensiones. Se universalizó el acceso a la sanidad pública, se amplió la red educativa con nuevas leyes como la LODE y la LOGSE, y se reforzó el sistema de protección social. También se aprobaron leyes que ampliaban derechos civiles, como la Ley del Aborto de 1985, que despenalizaba esta práctica en tres supuestos (violación, malformación del feto y peligro para la madre), y la Ley del Divorcio, que modernizaba la legislación familiar.

Política exterior e integración europea

En política exterior, uno de los grandes logros del PSOE fue la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea (CEE), firmada en junio de 1985 y efectiva desde el 1 de enero de 1986. Esta incorporación supuso una transformación estructural de la economía española, la llegada de fondos europeos y una creciente convergencia con los países del entorno occidental. España adoptó las normas del mercado único, se adaptó a la Política Agraria Común (PAC) y se integró en las instituciones comunitarias. A pesar de las reticencias iniciales del PSOE hacia la OTAN, el gobierno de González promovió en 1986 un referéndum sobre la permanencia en la Alianza Atlántica, defendiendo el “sí” bajo condiciones como la no integración en la estructura militar y la reducción de bases estadounidenses en territorio español. El resultado favorable al “sí” consolidó la posición de España como miembro de pleno derecho en el bloque occidental.

El año 1992 y el declive socialista

La culminación simbólica de esta etapa de modernización se produjo en 1992, año en que España celebró eventos internacionales de gran impacto, como:

• Los Juegos Olímpicos de Barcelona
• La Exposición Universal de Sevilla
• La Capitalidad Cultural Europea de Madrid
• El V Centenario del Descubrimiento de América

Ese mismo año, el AVE conectó Madrid y Sevilla y se evidenció la transformación del país en infraestructuras, imagen exterior y ambición internacional.

Sin embargo, a partir de 1993 comenzó el declive del PSOE. Aunque logró ganar las elecciones de ese año, lo hizo sin mayoría absoluta, lo que lo obligó a pactar con partidos nacionalistas como CiU y PNV. Esta etapa se vio empañada por el creciente malestar social, la ralentización económica y la aparición de múltiples escándalos de corrupción. Casos como:

• Filesa
• Roldán
• BOE
• Los fondos reservados

afectaron gravemente la imagen del partido. Pero el caso más grave fue el de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), una organización parapolicial financiada con fondos públicos que practicó la guerra sucia contra ETA en el sur de Francia. Varios altos cargos del Ministerio del Interior, incluido José Barrionuevo, fueron condenados por estos hechos, lo que generó una profunda crisis institucional.

El desgaste de Felipe González también fue interno. Las divisiones dentro del PSOE, especialmente entre González y Alfonso Guerra, su número dos, debilitaron la cohesión del partido. El intento de renovación con nuevas caras como Baltasar Garzón o Ernest Lluch no tuvo los efectos esperados, y el desencanto de los votantes se reflejó en la pérdida de apoyo electoral.

En las elecciones de marzo de 1996, el PSOE fue finalmente derrotado por el Partido Popular, encabezado por José María Aznar, aunque por un margen muy ajustado. Terminaba así una etapa de 14 años de gobierno socialista, la más larga en la historia democrática de España.

En conclusión, la etapa socialista (1982–1996) fue clave para la consolidación del sistema democrático español. Representó un periodo de estabilidad, crecimiento económico, avance en derechos civiles, fortalecimiento del Estado del bienestar e integración plena en Europa. Pero también evidenció los peligros del excesivo poder político, el alejamiento del partido de sus bases sociales, y el impacto devastador de la corrupción sobre la credibilidad institucional.