Los Sistemas Autonómicos de Servicios Sociales: Prestaciones

Las prestaciones son actividades o intervenciones que ofrece el sistema a personas o a familias para alcanzar, restablecer o mejorar su bienestar. Se clasifican en:

• Prestaciones Técnicas

  Son universales y gratuitas. Se definen como todas aquellas actividades de intervención social que realizan los profesionales de este campo. Incluyen, entre otras, proporcionar información sobre los distintos servicios disponibles de los sistemas de asistencia, valorar de forma individualizada las necesidades, etc.

• Prestaciones Económicas

  De contenido dinerario, pueden ser de concesión tanto periódica como puntual (una cantidad de dinero periódica o solo una vez). Se conceden a personas o familias para facilitar su inclusión social. Ejemplos: Pensiones no contributivas de invalidez y de jubilación de la Seguridad Social, Rentas mínimas de inserción, Ayudas de emergencia social, etc.

• Prestaciones Materiales

  Su contenido económico es sustituido, en todo o en parte, por su equivalente material. En ocasiones, su uso y disfrute puede estar condicionado a la participación del beneficiario en el coste de la prestación (copago). Ejemplos de servicios que pueden implicar prestaciones materiales: atención residencial, atención diurna, atención domiciliaria, manutención, teleasistencia, ayudas técnicas.

Los Sistemas Autonómicos de Servicios Sociales: Niveles de Atención

El sistema de servicios sociales está estructurado en dos niveles de atención:

• Primer Nivel de Atención

  Se presta desde los servicios sociales denominados básicos, comunitarios o de atención primaria. Tienen un carácter polivalente y comunitario, ya que reciben todo tipo de demandas de atención social y ofrecen respuestas ajustadas al contexto. Normalmente, son prestados por la administración local. Incluyen servicios como: información, valoración y orientación; programas de prevención e inserción social; programas de cooperación social; o programas de familia y convivencia.

• Segundo Nivel de Atención

  Es gestionado por la consejería de la comunidad autónoma y se realiza a través de los servicios sociales específicos, sectoriales o especializados. Ofrecen servicios más especializados, por lo que las prestaciones requieren una mayor concentración y cualificación de recursos humanos y materiales. Las intervenciones son derivadas por el primer nivel de atención, y el ámbito de actuación es variado, abarcando, por ejemplo, infancia, juventud, personas con discapacidad, etc.

La Secretaría de Asuntos Sociales regula diferentes planes integrales de ámbito nacional para aquellos colectivos específicos en grave situación de necesidad. Asimismo, existen planes de desarrollo social que no actúan sobre colectivos, sino sobre regiones o territorios determinados donde haya un elevado nivel de exclusión socioeconómica.

Los Sistemas Autonómicos de Servicios Sociales: La Red de Atención

La red de atención de servicios sociales está compuesta por todos los centros, tanto públicos como privados, que pertenecen a la estructura de servicios sociales. Existen dos tipos:

• Centros de Servicios Sociales

  Son la estructura básica, integral y comunitaria del sistema público de servicios sociales. Cuentan con equipos multidisciplinares y medios materiales y económicos para actuar en una zona básica de trabajo social. Su objetivo es que el servicio se encuentre lo más cerca posible de los ciudadanos, actuando de manera descentralizada para acercar los recursos a las necesidades. Ofrecen servicios de atención preventiva o de promoción directa e inmediata a la persona.

• Centros Especializados

  Dirigidos a colectivos o grupos que presentan carencias específicas. Estos centros pueden ser públicos o privados (a través de convenios). Ejemplos: centros de juventud, de atención a la mujer, a personas mayores, a personas con discapacidad, a personas con toxicomanía, etc.

El Siglo XIX: De la Asistencia Social a los Servicios Sociales

En el siglo XIX, se aceptó que el problema de la pobreza era de responsabilidad política. Durante este periodo, sucedieron dos hechos muy importantes:

• Revolución Industrial

  Supuso un cambio muy rápido y profundo en las condiciones de vida y trabajo, fundamentado en la disociación entre los medios de producción y la fuerza de trabajo. Se produjo un gran crecimiento demográfico y un éxodo rural hacia las ciudades, lo que generó una gran disponibilidad de mano de obra.

• Democratización de la Vida Política

  Triunfaron los principios revolucionarios (separación de poderes, el rey no está por encima de la ley, etc.). La política dejó de ser exclusiva de la nobleza y el clero para incluir también a los ciudadanos. Se crearon los primeros sindicatos.

Durante esta época, el pobre comenzó a ser considerado también un ciudadano y, por lo tanto, a tener derecho a ser protegido. No obstante, a finales del siglo XIX, el ciudadano pobre aún no tenía un reconocido derecho subjetivo a la asistencia social, algo que no se conseguiría hasta mediados del siglo XX con el advenimiento del Estado de Bienestar.

Acciones Jurídicas Relevantes

• La Constitución de 1812

  Estableció la obligación de los españoles de ser “justos y benéficos”. Creó un sistema público de atención al necesitado y municipalizó la beneficencia, estableciendo como competencias propias de los ayuntamientos el cuidado de hospitales, hospicios, casas de expósitos y demás establecimientos de beneficencia.

• Ley de Beneficencia de 1822

  Fue la primera ley que reguló este tema, aunque tuvo poca eficacia, ya que finalizó su vigencia tras un año debido al fin del Trienio Liberal. Creó las Juntas Municipales de Beneficencia en cada pueblo y, en poblaciones con mucho vecindario, las Juntas Parroquiales de Beneficencia. Sus funciones incluían velar por el cumplimiento de la ley, informar al ayuntamiento sobre la necesidad de aumentar, suprimir o arreglar establecimientos, y examinar las cuentas de los administradores. Creó establecimientos como casas de maternidad, de socorro, hospitales de enfermos y manicomios. Además, estableció un fondo común de beneficencia único, integrado por fondos de fundaciones, memorias y obras pías de patrimonio público y eclesiástico, dividido en fondos generales (para casas de beneficencia del reino) y municipales (para cada pueblo). Suprimió todos los establecimientos de beneficencia no regulados por esta ley.

• Ley de Beneficencia de 1849

  Estableció que la beneficencia tenía una finalidad pública, sus establecimientos eran públicos y su organización administrativa también. La responsabilidad correspondía al Gobierno, que se encargaba de la creación y supresión de centros, la aprobación de reglamentos y la gestión a través del Ministerio de Gobernación. Se distinguieron tres tipos de establecimientos:

  • Establecimientos Generales: Destinados a satisfacer necesidades permanentes (personas con discapacidad intelectual, sordomudos, etc.). Su gestión correspondía al Estado.
  • Establecimientos Provinciales: Atendían a personas con enfermedades comunes, imposibilitadas para el trabajo y a quienes carecían de familia (hospitales de enfermos, de maternidad, etc.). Su gestión correspondía a las diputaciones provinciales.
  • Establecimientos Municipales: Socorrían enfermedades accidentales, transportaban a los pobres a los establecimientos provinciales o generales y ofrecían atención domiciliaria (casas de refugio, hospitalidad, etc.). Su gestión correspondía a los ayuntamientos.

En 1883, se creó la Comisión de Reformas Sociales. Con ella, se abandonó el pensamiento liberal, sustituyéndolo por un intervencionismo cada vez más acusado. La cuestión social pasó a ser un problema de Estado. Esta fue una opción interesada para asegurarse el poder y que el pueblo mantuviera el orden, evitando así el descontento social que pudiera llevar a una revolución.

El Derecho a la Educación como Derecho Fundamental

El derecho a la educación permite a las personas salir de la pobreza económica y social. Desempeña un papel fundamental en la emancipación de la mujer, la protección de los niños y la promoción de los derechos humanos, entre otros aspectos. Según la Unión Europea, la educación es la mejor inversión que el Estado puede hacer.

Este derecho se recoge en el Artículo 27 de la Constitución Española, que establece:

1. Se reconoce el derecho universal a la educación y la libertad de enseñanza.
2. La educación promoverá el desarrollo de la personalidad en el respeto a los principios de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
3. Los padres tienen el derecho a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
5. Los poderes públicos garantizan el derecho a la educación mediante una programación general de la enseñanza y la creación de centros docentes.
6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas el derecho a la creación de centros docentes, respetando los principios constitucionales.
7. Los profesores, padres y alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por fondos públicos.
8. Los poderes públicos homologarán e inspeccionarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.
9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca.
10. Se reconoce la autonomía de las universidades.

Las normas básicas para el desarrollo del Artículo 27 de la Constitución deberán tener rango legal y orgánico. Serían materias básicas:

1. Clasificación de los diversos tipos de centros.
2. La denominación de los mismos.
3. La fijación y caracteres generales de los órganos unipersonales y colegiados.
4. La fijación de las competencias del director del centro.
5. El establecimiento de un registro de centros.
6. El establecimiento de los requisitos mínimos referidos a titulaciones del profesorado, relación numérica alumno-profesor e instalaciones docentes.

Estas competencias exclusivas del Estado deben conjugarse con las competencias de las Comunidades Autónomas, que se reconocen en materia de fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua propia.

Formación Profesional

La Ley Orgánica 5/2002 tiene por objeto dar unidad, coherencia y eficacia a la planificación, ordenación y administración de la Formación Profesional (FP) para facilitar la integración de las distintas formas de certificación y acreditación de las competencias y de las cualificaciones profesionales.

El objetivo de la Formación Profesional es ofrecer el aprendizaje de las competencias que requiere el mercado de trabajo. La FP debe anticiparse a las demandas presentes y futuras del mercado laboral, que evoluciona constantemente en función de las reglas de competitividad. El fin último es preparar a los alumnos para entrar en el mercado de trabajo y atender rápidamente sus necesidades.

Antiguamente, los sistemas formativos estaban alejados del mercado de trabajo, se desprestigiaban por la falta de salidas laborales (la gente no encontraba trabajo) y no contribuían al desarrollo económico. Hasta esos años, la FP estaba siempre “mal vista” (el que servía para estudiar se iba a la universidad, el que no, hacía una FP).

La Formación Profesional se define como “el conjunto de acciones formativas que capacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica, y que incluye las enseñanzas propias de la formación profesional reglada de tipo inicial (escuela), las acciones de inserción y reinserción laboral de los trabajadores, así como las orientadas a la formación continua en las empresas, que facilitan la adquisición y actualización permanente de las competencias profesionales.”

Esta Ley Orgánica distingue dos niveles de Formación Profesional:

• Formación Profesional Reglada de Tipo Inicial (FP)

  Se estructura en dos ciclos formativos:

  • De Grado Medio: Otorga el título de Técnico de la profesión correspondiente, dirigido a quienes, tras finalizar los estudios obligatorios, desean incorporarse al mercado laboral.
  • De Grado Superior: Otorga el título de Técnico Superior, formando técnicos altamente especializados. Para acceder a él se exige Bachillerato y permite el acceso a estudios universitarios.

• Formación para el Empleo

  Anteriormente conocida como formación ocupacional y continua. Su gestión recae en las Comunidades Autónomas. Podrán ser destinatarios los trabajadores ocupados, los desempleados y los empleados públicos, a través de los planes establecidos con las administraciones públicas. Existen colectivos prioritarios para facilitar la inserción laboral, como mujeres, jóvenes, mayores de 45 años, personas con discapacidad, etc. Se divide en:

  • Formación de Demanda

    Son los beneficiarios directos (empresarios y trabajadores) quienes solicitan su financiación según las necesidades formativas. Por ejemplo, si una empresa necesita que sus trabajadores mejoren el nivel de inglés, buscará un curso y solicitará que el Estado lo financie. La financiación se realiza mediante bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social, es decir, se descuenta el coste del curso de lo que se paga a la Seguridad Social. La formación debe guardar relación con la actividad empresarial.

  • Formación de Oferta

    Se trata de acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados. La iniciativa no proviene directamente del demandante, sino de la oferta realizada por parte de intermediarios: agentes sociales, administraciones públicas y entidades sociales.

    Proceso:

    1. El Estado realiza una convocatoria anual de subvenciones para acciones formativas.
    2. Los intermediarios, tras analizar las necesidades formativas, organizan una oferta formativa y la presentan a la convocatoria.
    3. Analizadas las solicitudes de subvención, se aceptan las que cumplen los requisitos exigidos.

    La formación de oferta va dirigida tanto a trabajadores ocupados como a desempleados, aunque con iniciativas diferenciadas.

  • Formación en Alternancia

    Se alterna trabajo y formación. Tiene por objeto contribuir a la adquisición de las competencias profesionales de la ocupación mediante un proceso mixto de empleo y formación, que permite al trabajador compatibilizar el aprendizaje formal con la práctica profesional en el puesto de trabajo.